Salvo que estemos todos malditos

La hospitalidad y la ayuda a las personas que se encuentran en peligro en el mar son probablemente dos de los conceptos más antiguos y conmovedores de la humanidad. Se diría que son obligaciones impuestas por los dioses a los humanos en la misma noche de los tiempos, una manera de hacerles hombres y mujeres, seres humanos. No se trató nunca de una virtud moral sino de una responsabilidad. No se trata de salvar a los náufragos porque somos buenos y tontos, una asociación de ideas que tanto gusta a los imbéciles malvados, sino porque es una obligación del ser humano, una de las más antiguas que se recuerdan y reconocen. Y náufragos, como dispone el derecho internacional desde hace muchas décadas, son aquellas personas que se encuentren en situación de peligro en el mar, o en otras aguas, a consecuencia de un infortunio que les afecte o afecte a su embarcación y que se abstenga de todo acto de hostilidad. ¿Cómo es posible entonces que hombres y mujeres que se dedican a rescatar personas que se encuentra indudablemente en situación del peligro en el mar sean consideradas delincuentes y puedan ser sometidas a juicio? Hoy un juez italiano deberá decidir sobre el destino de un barco de la ONG Open Arms, de su capitán, Marc Reig, y de la responsable de las operaciones de salvamento, Anabel Montes, y en los próximos días tres bomberos andaluces, de una organización similar, lo harán ante un juez griego. Detrás de toda esta amarga situación se encuentra la decisión de la Unión Europea de pagar a mafias y a guardacostas libios para que sean ellos quienes intercepten las embarcaciones en las huyen refugiados, para trasladarlos a Libia e impedir que entren en Europa. La estrategia será la que sea, pero si un barco se encuentra con una embarcación en peligro, su obligación es rescatar a sus ocupantes, no esperar a que lleguen los barcos libios ni entregar después a los rescatados a esos guardianes militares. Salvo que estemos ya todos malditos.