Ya se advirtió

Cuando se aprobó la llamada Ley Wert, es decir la Ley orgánica de Mejora de la calidad Educativa, los portavoces de la oposición advirtieron que el sistema que diseñaba dicha ley para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña invadía las competencias del Estatuto y podría ser declarado inconstitucional. La advertencia no sirvió de nada porque el Partido Popular disponía entonces de mayoria absoluta y la ejercía como un auténtico rodillo. Sin embargo, eso es exactamente lo que dijo ayer el Tribunal Constitucional: esos artículos de la ley deben ser anulados porque no respetan el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Eso, el reparto de competencias, no solo en su ejercicio sino también en su titularidad, es precisamente uno de los principales campos en los que el Constitucional tiene encomendada la función de árbitro.

El ministerio de Educación deberá tentarse ahora mucho la ropa antes de proponer nuevas regulaciones en ese sentido. La competencia, ha advertido con toda claridad el máximo intérprete de la Constitución, es de Cataluña y tiene que ser su Parlamento el que, de acuerdo con lo que dice el Estatuto de Autonomía, tome las decisiones que considere más adecuadas. El Estado solo puede fijar mecanismos de coordinación general, incluidas las llamadas enseñanzas mínimas, o el control administrativo. Aunque el Partido Popular ya no dispone de mayorías absolutas, la sentencia del Constitucional no ha podido ser más oportuna para poner freno a nuevos dislates y debates que son solo oportunistas.