La nueva partida territorial

Hoy se cumplen 40 años de la gran manifestación, dos millones y medio de personas dicen las crónicas de la época, de los andaluces reclamando ser una autonomía de primera. Una efeméride que se celebra en pleno debate sobre el modelo de Estado y la financiación autonómica. Importante fecha porque a partir de aquel anhelo popular empezó a construirse un modelo territorial distinto al que se había previsto en la Constitución, que, sin nombrarlas, reservaba el acceso rápido y pleno por el articulo 151 solo a País Vasco, Cataluña y Galicia. Andalucía lo aprobó en referéndum y repartió otras cartas. Fue un albadonazo contra los privilegios. 40 años después hay una pulsión recentralizadora que ignora lo que ha supuesto el Estado de las Autonomías. Imperfecto, mejorable y urgido de reformas, pero un modelo de éxito que ha permitido el progreso del conjunto del país. Sólo con un ejercicio de responsabilidad de todos los partidos se puede garantizar el futuro.

El problema añadido hoy es la coyuntura política. Ni Podemos ni los nacionalistas van a participar en la subcomisión del Congreso; Ciudadanos entra con el freno echado, el PSOE es quien intenta impulsar el proceso y el PP ya ni siquiera asume una reforma de la Constitución. Nuestro modelo territorial puede morir esclerotizado. Porque, a la vez, el modelo de financiación también va a avanzar a trompicones. Nadie, salvo los independentistas, defiende un modelo que no esté basado en la igualdad y la suficiencia financiera, aunque las singularidades puedan tener cabida siempre que se garanticen los mismos derechos para todos los ciudadanos. Esa es la línea roja. Pero el debate se hace imposible al menos hasta que se despejen las elecciones catalanas. Las propuestas de Iceta han vuelto a prender el estado de opinión. Aunque la idea de un consorcio tributario catalán no es más que el desarrollo del artículo 204 del Estatut, aprobado por el Constitucional. Y la idea de la quita de deuda -que beneficiaría a todas las comunidades- tiene que ver más con el cálculo de la insuficiencia financiera a la que ha sometido el Estado a las comunidades estos años que con un proceso general de condonación. Dicho eso, ese ítem en el programa electoral del PSC puede ser un obstáculo si oculta el problema de fondo: que el Estado aporte los recursos que necesita cada territorio.

El Ejecutivo está más pendiente del déficit que de otra cosa. Un déficit que se va casi a cumplir gracias al superávit de 9.000 millones de los ayuntamientos, a algunos de los cuales Montoro amenaza con intervenir, ahora por el retraso en los pagos a proveedores. Volvemos a la casilla de salida: sin financiación suficiente para todas las administraciones estaremos durante años en un bucle de incumplimientos, intervencionismo del Estado, ineficiencia y perversión política ya que se impide a las comunidades y ayuntamientos cumplir con garantías sus cometidos políticos y sus obligaciones competenciales.