El disco duro de la corrupción

Pocas imágenes han quedado más claramente vinculadas a la resistencia del PP a ser investigado por corrupción que la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en la sede del PP de la calle Génova, cuando los famosos papeles manuscritos del tesorero se habían convertido ya en un escándalo. Ahora, aquella destrucción en el año 2013 llevará al partido al banquillo de los acusados, por los presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento.

El auto de la jueza que lo ha decidido es muy explícito y dice que cuando la Audiencia Nacional requirió al PP datos sobre su caja B el borrado de los ordenadores impidió, y esto es textual, "realizar una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia".

Hay poco más que añadir a lo mucho que hemos dicho ya sobre la negación de las evidencias por parte del PP, que ayer se aferró a que la Fiscalía no acusa y a que se ha llegado hasta aquí gracias a las acusaciones populares, donde están Izquierda Unida, una asociación de abogados y un observatorio sobre derechos civiles. Como si las conclusiones no fueran de una jueza que es la que firma el auto.

La situación de emergencia que vive España por la crisis catalana no puede ser excusa para escapar de las propias responsabilidades políticas.