Muchos trabajadores y muchos sindicalistas

Más de trescientos trabajadores y sindicalistas españoles afrontan hoy día penas de cárcel o multas muy elevadas acusados de vulnerar el artículo 315.3 del Código Penal que dice textualmente que quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga serán castigados con penas hasta tres años de cárcel o multas equivalentes.

El próximo mes de junio, por ejemplo, está previsto el juicio de dos delegados de la Unión General de Trabajadores, Ruben Ranz y José Manuel Nogales, que participaron en la huelga general de marzo de 2012 y que formaban parte de lo que comúnmente se conoce como un piquete informativo. El caso de Ranz y Nogales esta siendo objeto de mucha atención en las organizaciones sindicales europeas, inquietas por lo que consideran ambigüedad de ese polémico artículo. En efecto, no está muy claro en qué consiste la coacción. ¿Se puede terminar tres años en la cárcel por reprochar a gritos a un colega que entra trabajar cuando está convocada una huelga? ¿por insultarle? ¿por encadenarse a una puerta y tirar el candado? Se trata, sin duda, de situaciones muy desagradables, pero una cosa es la coacción, digamos, moral y otra la física, sobre la que todo el mundo piensa que debe ser desterrada.

Lo que los sindicatos aseguran es que se está produciendo una clara criminalización de la actividad sindical en medio de una huelga, de manera que cualquiera que participe en su convocatoria y defensa termine teniendo que reunir una elevada cantidad para pagar una multa y evitar así ir a la cárcel. Algo no tan distinto de lo que pasaba en los años de plomo. Trescientos sindicalistas y trabajadores amenazados con la cárcel o con elevadas multas por participar en huelgas o piquetes son muchos sindicalistas y muchos trabajadores.