Sin reglamento estatal frente a la pobreza energética
Se anunció para antes de primavera y el gobierno habla ahora del verano
Un hombre pendre una cerilla para encender una vela / GETTY IMAGES
Madrid
Han pasado los tres meses de plazo que se dio el gobierno para la entrada en vigor del reglamento del nuevo bono social eléctrico y no hay fecha para su aprobación. En el último borrador remitido a las comunidades autónomas ni siquiera se establecen los criterios de clasificación de los consumidores vulnerables, que tendrán ayudas diferenciadas. El gobierno confía ahora en que el texto estará "hacia el principio del verano".
El pasado 31 de enero se validó en el Congreso el decreto para cambiar el bono social y crear un sistema estatal de protección frente a la pobreza energética. Ya antes, el 21 de diciembre, tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para la reforma del sistema, el ministro de Energía se había dado ese plazo -tres meses- para cerrar el reglamento con los detalles para su funcionamiento.
Álvaro Nadal lo justificaba con el argumento de que "tienes que establecer un plazo máximo para desarrollo reglamentario. Eso es técnica legislativa". Aclarando que el texto debe "recibir informes del Consejo de Estado, la Comisión de Mercados y Competencia y luego discutir esto con la Comisión Europea. Hacerlo bien, y que luego no tenga problemas técnicos ni jurídicos, lleva su tiempo".
El viernes 30 de abril se cumplieron tres meses desde la convalidación, posterior, en el Congreso. Ahora el número dos del Ministerio, el secretario de Estado de Energía Daniel Navia, da nuevas fechas: "En un trámite lógico habitual de un reglamento, hacia el principio del verano deberíamos tenerlo".
¿Caos en las autonomías?
Aún hay que cerrar el texto: ponerse de acuerdo con las autonomías. El PSOE -su portavoz Pilar Lucio- lamenta que no se haya hecho aún, cuando son las que aportarán buena parte del dinero, y a las que en un borrador se encarga que revisen cada semana la lista de cortes de luz previstos por las eléctricas. "Si no se aclara mejor sería un caos para la gestión dentro de las propias comunidades", por la carga de trabajo que supondría supervisar la situación particular de cada cliente de las eléctricas amenazado de corte por impago, para retrasarlo o impedirlo si es el caso, según el grado de protección asignado a ese cliente en el marco del bono social.
Y ni siquiera se conocen -al menos el Ministerio no ha difundido- los criterios para clasificar a los consumidores en las distintas categorías de vulnerabilidad, con ayudas y sistemas de protección diferenciados.
Además, el secretario de Estado Daniel Navia, en declaraciones a la Cadena Ser, ha abierto la puerta a la posibilidad de abrir una ronda de negociación con los partidos políticos, que podrían incidir en la redacción definitiva. Algún partido pide cambios. Unidos Podemos, por ejemplo, quiere ampliar la protección a los usuarios que cumplan los criterios para acogerse al bono social y estén en el mercado libre, mientras que la norma actual, y los borradores que han circulado lo limitan a los acogidos al PVPC, la tarifa que regula el gobierno.
Sólo después de todo esto se iniciarían los trámites también pendientes con el Consejo de Estado, CNMC y Comisión Europea.
