El grave riesgo de la desconfianza
El relevo de fiscales clave, sus denuncias de coacciones, las polémicas sentencias y la politización sitúan el descrédito judicial como uno de los principales problemas
(Getty Images)
Madrid
La semana empezó el jueves a las ocho de la mañana y terminó unas pocas horas después. El resto han sido días de más. Lo que quedará de esta semana en la que llamaron "rojo" a Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se alegró de que Pablo Iglesias "no sea Robespierre" será la entrevista en Hoy por Hoy del fiscal recién destituido en Murcia, López Bernal, en la que denunció coacciones y robos contra quienes investigan la corrupción. Quedará la condena por las tarjetas black y la libertad sin fianza de Iñaki Urdangarín. Quedará la forma en la que Rajoy, una vez conocida su reunión secreta con Puigdemont, se reafirmó en la Moncloa en que no piensa discutir sobre el referéndum que le reclama la Generalitat. Todo eso ocurrió en ese breve lapso de tiempo, de la mañana al mediodía del jueves, y todo eso puede marcar el año lo mismo que la legislatura.
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Los españoles confían más en el Parlamento que en la Justicia, según publicó el CIS a principios del año pasado. De 0 a 10, los encuestados confiaban, por este orden, en los medios de comunicación (4,2), las Cortes (4), el Poder Judicial (3,9) y los partidos políticos (3,1). Todos por debajo del 5, al que sólo llegaban las oenegés, aunque todos por delante de los bancos (2,6). El riesgo real es que la desconfianza ciudadana se desplome en semanas como esta, con el relevo de fiscales clave y denuncias tan graves como las de López Bernal, que provocarían un escándalo en cualquier país y que incluyen denuncias que, según su testimonio, luego no prosperan.
La frase del fiscal destituido en Murcia resultó tan grave que la oposición pidió de inmediato explicaciones en el Congreso: "No puede ser que los perseguidos sean los fiscales por delante de los corruptos", dijo. Al día siguiente, también en la SER, el fiscal Pedro Horrach habló de "amenazas" y "seguimientos". En el ministro Rafael Catalá no se percibe gran preocupación. Tampoco pequeña. Directamente, no se percibe. Ni en el propio Rajoy. Las denuncias por coacciones no las comenta y el relevo de los fiscales tampoco: "Siempre me parecerán muy bien las decisiones del Consejo Fiscal y también las que tome el fiscal general. Hay otros que lo que quieren es a lo mejor otra cosa distinta, pero en este país o se aplican las reglas o acabaremos teniendo un problema". El presidente del Gobierno había pedido el miércoles que no se magnificaran los escándalos.
Ahora que la vida política parece estabilizarse, la agenda pública ha empezado a mezclarse sin remedio con la judicial, tomada por los casos Nóos, Bankia o Auditorio. Los partidos comentan las decisiones de los jueces y este miércoles comparecerá en el Congreso el fiscal general. Albert Rivera ha amagado con una moción de censura al presidente de Murcia si el PP no presenta "un candidato alternativo", a lo que Rajoy se resiste. También el debate catalán alcanza a los juzgados, con el juicio este lunes en el Supremo del diputado y exconseller Francesc Homs por la consulta del 9N. El soberanismo prepara una manifestación de apoyo en Madrid para acompañarle a declarar.
No es que el asunto catalán vaya a mantenerse en la actualidad, sino que su presencia aumentará. La sentencia del Supremo a Homs —que no admitirá recurso— puede inhabilitarle y, además, marcar la pauta para la que esperan Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en el Tribunal Superior de Cataluña. El camino judicial había llevado a la Generalitat a quejarse de que el Gobierno se niega al diálogo político, pero les chafó el discurso el almuerzo privado que Rajoy y Puigdemont compartieron el pasado 11 de enero y que el gobierno catalán negó hasta cotas ridículas. Es verdad que no hay negociación, pero al menos ha habido contacto. Diálogo. Mientras la Moncloa se limitó a no confirmar el almuerzo —tampoco a desmentirlo—, la Generalitat se empleó en negarlo para que su discurso no quedara en evidencia ni se lo reprocharan los socios de la CUP. Lo curioso es que no fue el Gobierno quien filtró el encuentro. Síntoma de grietas en el bloque soberanista, cuyo Govern quizá ignora que las mentiras también generan desconfianza. La palabra de la semana.
