No hay respiro en Manabí

Madrid

Hace dos meses que en Manabí solo se respira miedo. Desde que se produjera el terremoto de 7’8 grados en la Escala Ritcher que hizo temblar el noroeste del país, las réplicas semanales recuerdan a todos el que ha sido el peor desastre natural de la historia en Ecuador. De hecho, Arnold reconocía que como consecuencia de una réplica a principios de junio, veinte edificios fueron derrumbados y la Cruz Roja debió instalarse, una vez más, en un campo provisional con tiendas de campaña.

En Pedernales, donde murieron 183 personas, según los registros del Gobierno, Arnold San Román está desplazado desde el primer día. Es miembro de la Cruz Roja española y considerado uno de los mayores expertos en la gestión de desastres como este. Reconoce que “el Gobierno ha sabido gestionar bien las consecuencias del terremoto en las zonas urbanas”, pero hace hincapié en aquellos que, como en todo el mundo, disponen de menos medios: “ya se notan cuáles son los colectivos y personas que se quedan atrás en la recuperación de la vida cotidiana”, se lamenta mientras mantenemos una llamada telefónica.

Muchos no tienen dónde vivir. Miles de personas se han trasladados hasta albergues y se mantienen en tiendas de campaña de cuatro metros cuadrados. Familias enteras que se mantienen a la espera de recuperar su vivienda o que le sea otorgada alguna de las modulares que la Cruz Roja española ha desplazado hasta el país. Eso, quienes consiguen estar en alguno de los 251 albergues oficiales; otros resisten como pueden en los más de 6000 no oficiales –sin acceso al sistema de suministro de agua corriente, sin luz y sin saneamiento- que Unicef calcula que existen, especialmente en las zonas rurales. El Gobierno de Rafael Correa argumenta que casi todo el suministro ya está restablecido, pero son las zonas rurales las que, precisamente, no tienen acceso y han resultado más afectadas. Eso sí, en muchos casos tampoco disponían de ello antes del terremoto.

Al máximo responsable de esta agencia de las Naciones Unidas le preocupa la propagación de las enfermedades transmitida a través del mosquito ‘Aedes aegypti’: la chikuungunya, la fiebre amarilla o el ahora tan de moda virus del zika. Bajo la mirada de Grant Leaity, el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en mantener las condiciones básicas de higiene en las zonas rurales. “Cuando no logramos asegurar agua potable, estas condiciones pueden favorecer la desnutrición crónica y los criaderos de mosquitos”, se lamenta Leaity.

La fotografía en la provincia de Manabí la completa Elisabeth Chacón desde Puerto Viejo. Allí confiesa que lo barrios donde antes transitaban diariamente decenas de personas “ahora ya no existen” y agrega “que muchos han tenido que desplazare”. A esta miembro de Plan Internacional le preocupa que muchos niños no estén recibiendo las atenciones adecuadas y el “miedo” que se respira cuando habla con ellos: “les ha afectado psicológicamente; muchos no van al baño pensando que puede temblar otra vez la tierra”.

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Las tres organizaciones han puesto en marcha planes educativos especiales. Quieren recuperar la confianza de los niños. “No se trata de un programa escolar normal”, coincidían Arnold y Elisabeth, pero “sí servirá para explicar qué ha ocurrido y afrontar las consecuencias”. Grant, además, anunció la construcción de 75 nuevas escuelas en julio. Serán los nuevos recintos escolares para recuperar una parte de las decenas de escuelas derrumbadas tras el dieciséis de abril.

Dos meses y 1570 réplicas han puesto en alerta a las autoridades a las que Grant advierte de la necesidad de acotar zonas de riesgo “sobre las que no se debería volver a reconstruir”, certificar “estándares de construcción que garanticen la perdurabilidad de las nuevas edificaciones” y “elaborar un plan de alerta temprana” sobre el que proceder para una situación similar en el futuro. Al fin y al cabo, dice Grant, “la única manera de estar preparados, es asegurar que lo estamos siempre”.