Confiscación

Madrid

El Parlamento danés aprobó ayer la ley que obligará a los refugiados que lleguen al país a entregar al Estado todos los bienes —salvo el anillo de boda— que superen el valor total de 1.300 euros. Con ese dinero se financiará su comida y los servicios que puedan recibir. Medidas de confiscación parecidas se llevan a cabo desde hace años en Suiza, Holanda y en varios Estados alemanes pese a las repetidas denuncias de organizaciones humanitarias que recuerdan el peligro que supone dictar leyes especiales para distintos grupos de población.

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En muchos casos, además, la ayuda que se destina a atender a los refugiados ha sido detraída previamente de las cantidades que hasta ese momento iban destinadas a la ayuda al desarrollo de los países llamados del tercer mundo. Es decir, el dinero que se destinaba a ayudar a Sudán, por ejemplo, se utiliza ahora —en parte— para alimentar y alojar en tiendas de campaña a los refugiados que llegan a Dinamarca, a los que por otra parte se pide que sufraguen sus propios gastos. Lo peor, según varias de estas organizaciones, no es que Dinamarca haya aprobado esa ley confiscatoria, sino que además, llegan acompañadas de otras medidas que endurecen aún más la vida de los refugiados. 

Especialmente criticada es la decisión de posponer los permisos de residencia y de ampliar de uno a tres años el plazo en el que se puede solicitar la reunificación familiar. Esa negativa a permitir la llegada de familiares durante un periodo de tiempo tan largo puede hacer, dicen estas organizaciones, que algunos refugiados, desesperados por la situación en la que se encuentran sus mujeres e hijos, opten por marcharse de Dinamarca. Conste, sin embargo, que Dinamarca al menos, acepta varios miles de refugiados. Mientras que España, que se sepa, continúa negándose a acoger su pequeña cuota.