Las compañías eléctricas, a los tribunales por el alquiler de los nuevos contadores
FACUA estima que han cobrado indebidamente decenas de millones de euros anuales
Madrid
La organización de defensa de los consumidores, FACUA, ha decidido emprender acciones legales contra las compañías eléctricas por aplicar una tarifa superior a aquellos usuarios que cuentan con el nuevo modelo de contadores.
Las distribuidoras eléctricas cobran actualmente un extra a los poseedores de estos contadores por la posibilidad de la telegestión y la telemedida, unos servicios que los nuevos aparatos permiten, pero que únicamente en algunos casos están siendo prestados por las compañías.
Concretamente, el sector está cobrando a los usuarios una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) por el alquiler de los nuevos contadores. La cuota es un 50% mayor que la establecida para las instalaciones que carecen de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA). “Cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto”, señala Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
Si bien el coste anual por usuario es reducido, desde la organización de defensa de los consumidores se advierte que “las eléctricas han cobrado indebidamente decenas de millones de euros anualmente si tenemos en cuenta contamos el total de consumidores engañados”.
“Es un dinero que se tiene que dejar de cobrar y se tiene que devolver a los usuarios, por eso nosotros vamos a ir a los tribunales”, explica Rubén Sánchez al tiempo que comenta que el sector eléctrico está incurriendo en una cláusula abusiva, al “exigir un cobro por un servicio que no se está prestando”.
La Comisión Nacional de los Mercados y La Competencia ya se pronunció en este sentido en noviembre del pasado año e indicó a Industria que los usuarios que contasen con nuevos contadores, pero que no estuvieran recibiendo el servicio antes mencionado, deberían pagar la tarifa estándar. Lo mismo lo ha repetido este mes de junio en su informe sobre el cumplimiento del plan de sustitución de contadores, pero, de momento, sin respuesta por parte de la Administración.
“Es la dejadez del Gobierno y las Comunidades Autónomas las que provocan, de nuevo, que se judicialice un gran problema para los consumidores, un macrofraude, en lugar de poner ellos las soluciones”, critica Rubén Sánchez
