“No se puede mezclar el paro con la obligación de proteger a los refugiados”

“Hay que contextualizar”, insiste Francesca Friz-Prguda, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España, para poder hablar de la crisis de refugiados que vive el mundo actualmente y del rechazo que ha provocado en algunos países, como España, la propuesta de la Comisión Europea de establecer cuotas para que los 28 acojan a apenas 60 mil de estas personas.

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“Hablamos de 40 mil refugiados que ya están en la Unión Europea, y otros 20 mil que están en países de primera acogida de la crisis de Siria fundamentalmente. 60 mil personas que en dos años deberían repartirse entre 28 países de una Unión Europea que tiene más de 500 millones de habitantes. Esto para España supone que tiene que acoger a 5.800 mujeres, hombres y niños, lo que significa el 0,01 % de la población española”. Un porcentaje que para Friz-Prguda habla por sí solo, pero por si hubiera dudas, establece una comparación. “Jordania, con 2 millones de residentes, tiene un 30 por ciento de refugiados entre su población. Y en Líbano hay 1,2 millones de asilados”, y en Líbano, añade la representante de ACNUR, la situación económica es mucho peor que en España.

En cualquier caso, se trata de una obligación legal que han adquirido los países, un compromiso de protección internacional que “no puede estar sujeto a los vaivenes económicos o políticos, lo que le quitaría todo el sentido a este marco del derecho internacional, un marco que hoy protege al sirio o a la sudanesa, pero que mañana te puede proteger a ti. Es importante no mezclar factores económicos como el paro con la obligación de proteger”. Francesca Friz-Prguda introduce esta aclaración para rechazar el argumento que ha utilizado el gobierno español para criticar la cuota que le ha asignado Bruselas, el problema del desempleo en España. “Es importante trabajar con conceptos muy limpios.

Aquí no hablamos de una crisis migratoria, sino de una crisis de refugiados. Inmigración y protección internacional son conceptos diferentes. Inmigrante irregular y refugiado son conceptos diferentes. Control fronterizo y acogida son cosas diferentes, aunque muchas veces sucedan en un mismo contexto”. Por eso, añade la representante de ACNUR, es muy importante identificar cada caso de forma individual, saber quién es la persona que tenemos delante y cuáles son sus necesidades, algo que no está pasando en España, donde se siguen produciendo muchas devoluciones en caliente como en el caso de Ceuta y Melilla.

En este sentido, la representante de ACNUR para España aclara que la enmienda que ha introducido el gobierno a la Ley de Extranjería no legaliza esas devoluciones. “La enmienda no ampara que se pueda devolver a Marruecos a las personas que saltan la valla como se ha venido haciendo, sigue siendo ilegal. El derecho internacional y el derecho europeo prohíben las devoluciones en grupo y automáticas. Lo que hace la enmienda es introducir una nueva figura legal, el rechazo en frontera, que requiere un protocolo de actuación, una regulación de qué debe hacer la Guardia Civil en frontera, con direcciones claras y sin ambigüedad, y debe aclararse lo más rápidamente posible, es de suma importancia para la imagen de España”.

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En cuanto a la propuesta de la Comisión Europea de establecer unas cuotas de refugiados que cada país miembro debe acoger, Francesca Friz-Prguda cree que es un paso en la dirección justa, y hace un llamamiento a los estados miembros para que voten a favor de esta medida. “No se trata de un concepto de cuota, sino de solidaridad”, insiste, “solidaridad hoy con Italia y Grecia, a donde han llegado 90 mil personas en lo que va de año, pero una cuota, una medida de solidaridad que mañana puede beneficiar a España, teniendo en cuenta que las rutas pueden cambiar y que es también un país mediterráneo”.