Un puesto bajo sospecha
Desde que el Constitución se estableció que la Fiscalía general del Estado, la independencia de la función ha sido objeto de críticas de la oposición y de la propia judicatura.
Comunidad de Madrid
Desde que el Constitución se estableció que la Fiscalía general del Estado debía separarse de la del Tribunal Supremo y que sería nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno; la independencia de la función ha sido objeto de críticas de la oposición y de la propia judicatura. Uno de los casos más claros fue el Eligio Hernández, nombrado en 1992 por el gobierno de Felipe González, y que fue relevado justo cuando su nombramiento fuera anulado por el Supremo a instancias de la Magistratura. Su carrera política posterior en las filas socialistas amplificaron las sospechas sobre su actuación denunciadas por la oposición a la hora, por ejemplo, de relativizar las acusaciones contra Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente, o su intervención en el Caso Banesto.
Las dudas sobre la independencia política también planeó sobre el mandato de Jesús Cardenal. Un ultraconservador nombrado por Aznar que se enfrentó a Baltasar Garzón en su demanda de extradición de Pinochet al Reino Unido, evitó que el fiscal imputara al ministro Josep Piqué en el Ercros y además arropó al Fiscal Fungairiño cuando éste vino a justificar los golpes militares en Chile y Argentina al negarse a actuar en la investigación de los desaparecidos de ambos países. Fungairiño es uno de los "indomables", cuya rebelión le costó el puesto a dos fiscales gnerales, al moderado Carlos Granados y a Ortíz Úrculo, que sólo estuvo 5 meses en el puesto por su incapacidad de meter en cintura a los fiscales.
En este panorama, sólo Conde Pumpido, nombrado por Zapatero, aparece como dechado de autonomía si no fuera porque al respaldar y potenciar la fiscalía anticorrupción salieran a la luz casos como "la Gurtel" o el Palma Arena que la oposición popular interpretó como ataques políticos.
