¿Es justo? | 11-06-2014

Ana y Tamara piden el indulto. Son profesoras de gimnasia, trabajan para una empresa que gestiona piscinas municipales en Pontevedra y han sido condenadas a tres años de cárcel por participar en un piquete que durante una huelga echó pintura en una piscina y empujó al gerente de la empresa. Fueron condenadas a seis meses por los desperfectos pero al recurrir se elevó la pena a tres años por un delito de coacciones.

Todo es exagerado. No solo la duración del proceso, cuatro años, y el incremento espectacular de la pena en el recurso, también lo es que se haya sustanciado por la vía penal lo que hubiera podido resolverse con medidas administrativas. Creen los sindicatos que quizás la fiscalía busque intimidar a los trabajadores, porque el caso de Ana y Tamara no es único. En Sevilla la fiscalía pidió ayer penas semejantes para los miembros de otro piquete. Después están las comparaciones. Hace diez días los cuatro exdirectivos de Caixa Penedés que se habían llevado casi treinta millones en pensiones de una caja en quiebra eludieron la cárcel por devolver lo robado. Me temo que sin indulto, Ana y Tamara no evitarán la cárcel aunque devuelvan los botes de pintura.