El editorial de Pepa Bueno: "Ciudadana Borbón"

La Casa Real empieza el año con uno de sus miembros directos imputado judicialmente en un escándalo de corrupción. Y aunque una noticia de esta magnitud siempre provoca sobresalto, a estas alturas lo sorprendente hubiera sido que el juez Castro hubiera decidido no imputar a la infanta Cristina.

Desde que hace ya nueve meses la Audiencia Provincial de Mallorca anuló sin contemplaciones la primera imputación decidida por el juez instructor, Castro se ha aplicado con tenacidad de hormiga a recopilar datos y pruebas que conectaran a la hija del Rey con las dos únicas figuras que la Audiencia sugirió investigar: delitos contra la hacienda pública y delitos de blanqueo de dinero.

En los 227 folios del auto el juez intenta demostrar que hay indicios más que sobrados de que la infanta Cristina colaboró, o al menos miró para otro lado, ante los manejos financieros de los que se acusa a su marido, Iñaki Urdangarín a través de la sociedad Aizoon. Sociedad de la que la infanta era socia al 50% y administradora formal, además de asistir a sus juntas y firmar sus actas.

El juez ha hecho su trabajo.El equipo de defensa de la infanta, encabezado por Miquel Roca, anuncia que recurrirá el auto del juez. Y quizás también lo haga la fiscalía, que hasta ahora ha mantenido la tesis de que la Infanta no se enteraba de lo que hacía su marido.

En eso consiste el estado de derecho. Como insiste el propio juez en el auto al recordar que no puede quebrarse la percepción de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. También Cristina de Borbón. Por eso, también en su caso hay que recordar, que ser imputado no entraña la condición de culpable. Bien, hasta aquí: el Estado de Derecho, que a trancas y barrancas, acaba imponiéndose por fortuna.

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Pero frente a la lógica jurídica existe una lógica política y social. Por eso, si desde la Casa Real creen que este proceso se ha convertido en un martirio prolongado en exceso, quizá un modo de acortarlo sería que la infanta Cristina compareciera voluntariamente ante el juez y contara su versión de lo sucedido, -una posibilidad que hoy no descarta alguna de las partes.- Cumpliría así con la exigencia de transparencia que el Rey reclamó en su discurso de Nochebuena.