El editorial de Pepa Bueno: "La justicia es ciega pero la política no"

Ya hay acuerdo sobre la crisis de IPF. España, Argentina y México han llegado a un acuerdo esta noche para fijar la indemnización por la expropiación hace 19 meses de la filian argentina de REPSOL. 19 meses de batalla jurídica y política que acabaría con el pago de unos 5000 millones de dólares, aunque los detalles del acuerdo no han trascendido oficialmente hasta que mañana el consejo de Administración de la petrolera española ratifique los términos del acuerdo. A Argentina viajaron ayer de urgencia, el ministro de Industria español José Manuel Soria, el presidente de CaixaBank y directivos de la petrolera, entre los que no estaba su máximo representante Antonio Brufau. Hoy hay todo tipo de especulaciones sobre el significado y el alcance de esa ausencia de Brufau. Veremos.

Y hoy sabremos si Rajoy sigue considerando a Carlos Fabra un ciudadano y político ejemplar como lo calificó en 2008 cuando las sospechas sobre su patrimonio habían pasado de clamor popular a investigación judicial. Ya hay sentencia, cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda 700.000 euros. Ayer, el que fue todopoderoso hombre del PP en la provincia de Castellón, se dio de baja en el partido. La justicia sin embargo, aunque le llama la atención que con 60.000 euros de ingresos declarados acumulara un patrimonio de más de tres millones, la justicia sin embargo se declara impotente para averiguar si ese dinero provenía de un cohecho, del tráfico de influencias o de la lotería, y por eso lo absuelve de los delitos más vinculados a la corrupción.

La Justicia es ciega, pero la política no, que sepamos ...y cuando tanta ejemplaridad se exige a los parados, por ejemplo en su diligencia a la hora de firmar la prestación, a los trabajadores que deberían hacer huelgas y manifestaciones que no se noten, a los autónomos para que no extravíen ni una factura, sopena de tener a Hacienda respirando en su cogote.

Los mismos que exigen esa ejemplaridad y hacen leyes severas para quien las incumplan, lo mínimo que podrían hacer es una condena pública y pedir disculpas por haber tenido y defendido tanto tiempo a un cargo que defraudaba el dinero de todos. Ayer el PP se atuvo a las generales de la Ley, respetamos las decisiones de la Justicia. Pero el respeto a la justicia deben explicarlo dentro de casa, por ejemplo a Esperanza Aguirre, que preguntó en el comité nacional del partido por qué no cesaban al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que firmó la derogación de la doctrina Parot.