El impago de la pensión de manutención como forma de violencia

Pamplona

La violencia económica es una de las manifestaciones de violencia machista, la tercera más frecuente y que ha sufrido el 11,5 % de las mujeres mayores de 16 años en algún momento de su vida, y cuya evidencia más común es el impago deliberado de la pensión de manutención de los hijos tras una separación.

No obstante, también afecta al control y limitación del dinero al que puede acceder la pareja, a la explotación económica y al sabotaje laboral para impedir que trabaje.

Se ha puesto de manifiesto en el Parlamento de Navarra, donde ha acudido una representación de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad de Navarra (COMFIN), en cuyo marco la jurista especializada Ixaxi Pérez ha elaborado el informe ‘Análisis sobre la realidad del impago deliberado de la pensión de alimentos’, que ella misma ha expuesto en la sesión.

Entre las conclusiones, que asume COMFIN y que los grupos han recibido con interés, se ha propuesto mejorar el acceso al Fondo de Garantía de Anticipos para el Impago de Pensiones (FOGAPA) que, aunque es de competencia estatal, puede ser también una herramienta de protección frente a la violencia económica para los niños y niñas en Navarra.

También se ha planteado la necesidad de realizar estudios sobre la violencia económica de género, fortalecer el fondo como herramienta de protección, desarrollar medidas reparadoras complementarias en Navarra y ofrecer formación a los y las profesionales sociales y de ámbito judicial en esta materia.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Así, Pérez ha contextualizado el problema y ha señalado que el 94,95 % de las familias monoparentales están encabezados por mujeres en Navarra, y que tras los divorcios y separaciones en Navarra el 61 % de las pensiones de alimentos están atribuidas al padre y en el 34 % de los casos a ambos progenitores por igual.

En todo caso, ha aludido a datos de ECOVIO que revelan que hay un 41 % de incumplimientos por retraso o impago en los casos sin violencia de género previa y hasta un 70 % cuando hay violencia de género. No obstante, la experta ha señalado que hay muchas mujeres que no denuncian estos incumplimientos al tener la percepción de que no son efectivas las denuncias.

Con todo ello, Pérez ha considerado necesarios cambios tanto estructurales como sociales, y ha puesto el foco en la necesidad de que el estado reconozca su responsabilidad en la Violencia de Género Económica, y que el Fondo de garantía de Anticipos para el Impago de Pensiones (FOGAPA) tenga un papel real.

Así, ha alertado de que la actual Renta Garantizada en Navarra (de mayor cuantía al IPREM) es "incompatible con cualquier otra ayuda de la misma naturaleza" y también ha lamentado que los reembolsos a las familias por parte de quien no paga son en cualquier caso "los dejados de abonar, ni siquiera se tienen en cuenta el recargo" en la actualidad.

Al respecto, ha considerado que el Estado "debe garantizar ese pago" de alimentos de los hijos, aunque también ha ampliado en edad y condiciones (hoy solo se contemplan los menores, o los mayores cuando tienen una discapacidad superior el 60 %) como sujetos de estos derechos.

Asimismo, se ha preguntado sobre la posibilidad de establecer un aval al cumplimiento de los acuerdos de pensión de manutención, como lo tienen las hipotecas antes de firmarlas, ha dicho como idea.

También ha intervenido la presidenta de COMFIN, Yolanda Rodríguez, quien ha valorado la reciente inclusión de la violencia económica como violencia de género en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista firmado hace un mes, aunque ahora deberá regularse de alguna manera esta consideración.

En el turno de los grupos, y con la única ausencia del Grupo Mixto (Vox), todos han mostrado su interés y respaldo a un informe que revela aspectos muchas veces ocultos, e incluso que se podrían paliar desde Navarra gracias a su especial régimen competencial.