UPN presenta dos proposiciones de ley para impedir la contratación de docentes condenados por terrorismo

Pamplona

UPN va a impulsar dos proposiciones de ley para modificar el Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones y la ley foral de Subvenciones con el objetivo de evitar que en el futuro personas condenadas por terrorismo puedan ejercer la docencia en Navarra. Las iniciativas, que han sido presentadas este miércoles por la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, tienen lugar después de la polémica suscitada por la contratación de un condenado por pertenencia a ETA en un instituto de Tudela. Un hecho que ha provocado "intranquilidad y sufrimiento" en las familias de la Comunidad foral, ha afirmado.

Ibarrola ha manifestado que "esta persona o cualquier otra persona en estas circunstancias está inhabilitada moral y éticamente para poder deslegitimar el terrorismo con las generaciones actuales y futuras, para ayudar a hacer conscientes a nuestros niños y nuestros jóvenes del sufrimiento que ha causado la banda terrorista ETA y para promover los valores de la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos o el rechazo a la violencia". Una "inhabilitación moral y ética que va más allá de una inhabilitación por condena penal", ha subrayado.

La presidenta de UPN ha señalado que "con la normativa actual, tanto a nivel nacional como en Navarra, no se ha podido impedir que esta persona haya accedido a este contrato y esté hoy ejerciendo la docencia", algo que ha considerado "lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas de la banda terrorista ETA".

No obstante, ha resaltado que "podemos actuar desde Navarra en el ámbito administrativo en materia de Función Pública y de subvenciones", en los que la Comunidad foral tiene competencias. Dos iniciativas que los regionalistas quieren que se tramiten por lectura única y de urgencia.

En primer lugar, UPN va a proponer la modificación del decreto foral del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra con el objetivo de incluir "un nuevo requisito para ser admitido a pruebas selectivas tanto para puestos fijos como para puestos temporales en el Gobierno de Navarra y en entidades locales".

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Así, para aquellos puestos de trabajo que impliquen "contacto habitual con personas menores de edad se exigirá no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista", teniendo "la misma consideración las resoluciones judiciales penales de Estados miembros de la Unión Europea por el mismo tipo de delitos". De esta manera, se incluyen las penas impuestas también en Francia "donde se ha detenido, juzgado y condenado a un número importante" de miembros de ETA. Para acreditarlo será necesario un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados.

La segunda iniciativa legislativa plantea la modificación de la ley foral de Subvenciones que incluya la prohibición de ser beneficiario de ayudas a condenados por estos delitos o a entidades que les contraten o subcontraten para proyectos o actividades dirigidas que conlleven un "trato repetido, directo y regular" con menores de edad.

"Con estas dos medidas podemos evitar situaciones como la que se ha producido en Tudela y seguramente otras que han ocurrido", ha afirmado Ibarrola, que ha esperado que el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin "estén a la altura y en el debate se posiciones para tener mayoría suficiente y no tengamos que volver a lamentar situaciones como esta".

Al respecto, ha rechazado que el PSN haya salido "en tromba a criticar una acción propositiva de UPN, faltando a la verdad", después de que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, "trasladara que no se podía hacer nada". "Claro que se puede, otra cosa es que no quiera o no le dejen", ha aseverado. "No se puede hacer nada con este terrorista para este contrato, pero sí que se puede evitar que vuelva a ser contratado con otro contrato distinto, evitar que pueda ser funcionario público o evitar que pueda trabajar con menores subvencionados con fondos públicos", ha subrayado.

Ha destacado, además, que la modificación del Código Penal de 2015 "no pueda aplicarse en este caso ni en ningún otro" relacionado con condenados por pertenecer a ETA porque la banda terrorista se disolvió en 2011. Una modificación, ha añadido, que se hizo "pensando en el terrorismo yihadista".

"Estamos en política para resolver problemas que no nos parecen bien, no para lanzarnos unos a otros piedras cuando se viene con algo propositivo que la sociedad navarra entiende como necesario", ha concluido.