Derechos Sociales citará “en los próximos días” a los grupos para abordar la reforma de la Ley de Renta Garantizada

Pamplona

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que "es intención de este Gobierno presentar a lo largo de este periodo de sesiones un proyecto de ley para modificar la Renta Garantizada" y que "para ello necesitamos contar con los consensos suficientes que nos permitan avanzar hacia una herramienta más efectiva y más eficiente".

En respuesta a una interpelación formulada por el PSN en el Pleno parlamentario de este jueves, Maeztu ha explicado que "en las próximas semanas vamos a establecer un calendario de reuniones con todos los grupos parlamentarios para presentar con detalle el contenido de la modificación que planteamos".

"Estableceremos los primeros contactos con los grupos que sustentan el Gobierno para, teniendo en cuenta lo recogido sobre esta cuestión en el acuerdo programático, plantear la reforma que defendemos. Después nos reuniremos con nuestro socio presupuestario y, finalmente, también presentaremos esta propuesta al resto de los grupos políticos de esta Cámara", ha dicho.

La propuesta del Gobierno, ha señalado Maeztu, "busca acompañar mejor a las personas perceptoras, acompasar mejor su acceso al empleo cuando sea posible y acomodarse también mejor a la convivencia con el ingreso mínimo vital". "Nuestra propuesta es fruto de las demandas de los profesionales, de los estudios que hemos hecho, de la experiencia acumulada que tenemos y está orientada, en todo caso, a esa necesaria autonomía y a ese objetivo que compartimos todos de mejorar la inclusión social de las personas", ha manifestado. Se pretende, además, "reducir burocracia y papeleo y dejar que los profesionales tengan mayor tiempo para acompañar a las personas".

La consejera también ha hecho referencia al informe que la Cámara de Comptos dio a conocer ayer miércoles, "sobre el que ya he solicitado la comparecencia para dar todas las explicaciones". "El Gobierno siempre tiene en cuenta y valora cualquier informe de fiscalización que realice la Cámara de Comptos y que tiene en consideración sus recomendaciones", ha dicho, si bien ha añadido que "no podemos hacer una lectura catastrofista, como ya estamos viendo que la están haciendo algunos grupos de esta Cámara, porque hay mucho trabajo que se hace y muchas cosas que funcionan bien".

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Por todo ello, Maeztu ha esperado "contar con el apoyo suficiente" para sacar esta reforma adelante y "con el mayor consenso político de todos los grupos políticos". Tras subrayar que "plantear una modificación no es reconocer que no funcionan las cosas" sino que "es querer avanzar, es querer mejorar", ha esperado "que todos seamos capaces de superar posturas meramente políticas, posiciones inmovilistas y que seamos capaces de pensar en el bien común".

La posición de los grupos

En el turno de los grupos, Olga Chueca, del PSN, ha mencionado el informe realizado por la Cámara de Comptos, "en el que se indican las debilidades de una gestión compleja por la existencia de dos prestaciones, la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, con el mismo objetivo pero con diferentes regulaciones". "Tanto la presidenta -de Navarra, María Chivite- como Comptos coinciden en unificar ambas prestaciones", ha indicado, tras apostar por "revisar la eficacia y la efectividad de las acciones de nuestro sistema de protección social".

Raquel Garbayo, de UPN, ha respondido al PSN que el informe de Comptos "lo puede adornar como quiera, si quiere le puede poner un lazo, pero la realidad es muy tozuda". "Ha tenido que venir la Cámara de Comptos a darles un tirón de orejas y decirles lo que desde UPN venimos diciéndoles desde hace muchísimos años, y es que este modelo de renta garantizada no funciona. No solo que no funciona, sino que su gestión ha sido nefasta, tiene una alarmante falta de control de las prestaciones por parte de su departamento", ha subrayado.

Desde EH Bildu, Javier Arza ha señalado que la Renta Garantizada "es una muy buena inversión porque alivia la situación de aproximadamente el 5% de nuestra población", de los cuales "14.000 son niños, niñas y adolescentes". "No vamos a apoyar ningún cambio de modelo que suponga debilitar la capacidad protectora de la renta garantizada, porque eso es lo que pretenden las derechas", ha subrayado. Tras añadir que "por supuesto que hay mucho por mejorar", ha mostrado su "disposición a reducir la burocracia en la gestión" o "a mejorar la compatibilidad entre las distintas prestaciones", entre otros aspectos.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha considerado que "es imprescindible el buen control" de la Renta Garantizada, "como de todo el dinero público", pero ha advertido de que Geroa Bai "no estará en ningún planteamiento que pase por endurecer los requisitos de acceso a la Renta Garantizada ni por restringir la prestación", sino que "sólo estará en acompasarla al IMV o en otros cambios, si significan aumentar su capacidad de protección y hacer más efectivo el acceso a los derechos que reconoce".

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha comentado que "después de escuchar a la señora Aranburu, se confirma que parece que va a haber lío dentro del Gobierno con esta reforma". Además, ha apuntado que "desde el Gobierno hay que revisar en profundidad esta política de rentas mínimas e inclusión social". "No queda otra después del informe y los resultados del informe de la Cámara de Comptos. Es necesaria una política integral que supere el enfoque basado únicamente en subsidios, que está demostrando que lejos de ser una solución y de erradicar la pobreza, la está aumentando y cronificando", ha apuntado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha remarcado que "no somos ningunos ingenuos y sabemos que todas las políticas concretas tienen margen de mejora técnica y de gestión". "El informe de la Cámara de Comptos publicado ayer nos indica alguna cuestión interesante sobre la cual se puede trabajar para mejorar este modelo. Nosotros y nosotras seguimos defendiendo que la propuesta de esta coalición es la de fortalecer, consensuar y ampliar estas políticas de derechos sociales. Nosotros lo que no vamos a hacer es estigmatizar, ni mucho menos a los perceptores", ha reivindicado.

Desde Vox, Emilio Jiménez ha manifestado que "está clarísimo que el espíritu y objeto de la ley ha fracasado" y que "la parte de la inclusión social no se consigue". A su juicio, el informe de Comptos es "demoledor". "¿Qué resumen podemos hacer? Descontrol y desidia, señora presidenta. Ineficacia, despilfarro, inutilidad. Y el problema no es que sean ustedes inútiles, es el perjuicio que ocasionan a los navarros", ha comentado.