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UPN sí vio asalto en el intento de taxistas de irrumpir en el Parlamento en 2005

La definición de asalto es la causa por la que los regionalistas no apoyaron este lunes la declaración de condena de los sucesos provocados por un grupo de agricultores el jueves

Un grupo de agricultores tratando de acceder al interior del Parlamento de Navarra / Jesús Diges (EFE)

"Lo sucedido el jueves responde a un intento desorganizado, a todas luces, espontáneo de entrar por la fuerza en el Parlamento con la pretensión de ser escuchados; fue fruto de los nervios, de la tensión". Así justificó este lunes el líder de UPN, Javier Esparza, su negativa a apoyar la declaración presentada por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, tras los sucesos del jueves pasado, 7 de marzo. "No fue un asalto", remachó Esparza. Esa palabra es la que, sostiene el regionalista, impide apoyar el texto y, por tanto, dejar sin condena unánime el suceso. Para Esparza es necesario que haya una voluntad de acantonarse dentro, de ocupar la sede y una planificación concreta para que pueda usarse esa palabra. Añade que esta declaración buscaba criminalizar a todo el sector agrícola.

Debate dialéctico que UPN no tuvo en el principal precedente en la historia parlamentaria del intento de un grupo de agricultores este jueves de acceder por la fuerza al pleno del Parlamento foral mientras se debatían los presupuestos generales de la comunidad para 2024. Fue el 15 de junio de 2005. Fue entonces el debate en comisión de la Ley del Taxi la que se vio marcada por el intento de varias decenas de profesionales de este sector de irrumpir en el interior de la cámara. La Policía Foral fue, como el jueves pasado, quien tuvo que emplear la fuerza para evitar ese intento. En aquella ocasión fue el propio Miguel Sanz, de UPN, presidente entonces del gobierno, quien lo calificó como claramente como asalto. Habló entonces también del directamente de "el colectivo de taxistas", sin establecer diferencias entre quienes estuvieron o no en la protesta.

El Gobierno de Sanz fue más allá, culpando a una instrucción concreta de la Delegación del Gobierno, entonces dirigida por el socialista Vicente Ripa, de que la Policía Nacional no actuara en esos incidentes, pese a estar presentes varios equipos antidisturbios en las proximidades del Parlamento. El presidente Sanz fue claro y afirmó que la Policía nacional "recibió órdenes de no actuar", avalando la crítica previa del director general de Interior entonces, Juan Ramón Rábade que apuntó que fue la delegación del gobierno la culpable directa de esa no intervención, algo que calificó como "inadmisible".

7 taxistas fueron arrestados y acabaron condenados por desórdenes públicos, atentado y desobediencia a penas de entre 6 meses y multas de 180 euros. En aquellos incidentes, el parlamentario de Aralar, Txentxo Jiménez salió de la sede del parlamento para respaldar a los taxistas y llegó incluso a enfrentarse con agentes de Policía Foral. El director de Interior, entonces, afirmó que estudiarían acciones legales contra él porque "no se puede confundir la inmunidad parlamentaria con impunidad".

La comisión parlamentaria apoyó el dictamen de la ley foral del taxi con el respaldo de UPN, PSN, CDN, EA y PNV, la abstención de IU y el voto contrario de Aralar, lo que supuso un apoyo de casi el 80 por ciento de la representación. Durante aquellas protestas, un grupo de manifestantes acudió al domicilio particular del que entonces era consejero de Obras Públicas, Álvaro Miranda, responsable del proyecto de ley. Por aquel escrache la Policía Foral denunció a una veintena de personas.

En el caso de los sucesos del pasado jueves, la Policía Foral instruye las diligencias y continúa la investigación sin que se haya efectuado ninguna detención por el momento. 12 personas han sido identificadas por el intento de asalto. El pasado 8 de febrero una treintena de tractores bloqueó la salida del domicilio particular de la presidenta del Gobierno, María Chivite (PSN) cuando esta se dirigía al pleno del Parlamento. En esa ocasión no se produjo ninguna denuncia ni identificación.

 
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