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Chivite, tras la sentencia del TC sobre la educación segregada: "Fue una decisión valiente y ahora viene avalada por el Constitucional"

La presidenta navarra, satisfecha "tras más de 60 años concertando con los colegios" que separan chicos de chicas en Navarra

María Chivite, presidenta navarra: "Somos una comunidad cumplidora pero necesitamos tiempo para cumplir con la normativa euro 7"

María Chivite, presidenta navarra: "Somos una comunidad cumplidora pero necesitamos tiempo para cumplir con la normativa euro 7"

19:07

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Pamplona

El fallo lo conocimos el pasado 23 de marzo pero ayer por la tarde el Tribunal Constitucional publicó el texto de la sentencia que avala que un gobierno, como el navarro, deje de financiar con fondos públicos la segregación en las aulas. Gobierno de María Chivite que hace dos años decidió obligar a firmar a todos los centros que chicos y chicas estudiarían juntos. Luego los dos centros que segregan (Miravilles-El Redín, Irabia-Izaga) hicieron lo contrario pero la presidenta hoy está satisfecha, asegura.

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Una decisión valiente para terminar con la concertación de colegios que separan por sexo del alumnado durante más de medio siglo apunta, en La SER, la presidenta navarra, María Chivite. "Fuimos valientes tomando esa decisión, también rigurosos desde un punto de vista normativo y de garantías y por lo tanto pues esa decisión valiente que tomó el Gobierno de Navarra después de 60 años concertando con estos colegios pues ha venido avalada por el Constitucional; por lo tanto pues también contentos y tranquilos por la decisión que ya tomamos".

La presidenta navarra que señala que "Es verdad que siempre cuando tomas una decisión pues veces arriesgas, pero estábamos plenamente convencidos desde un punto de vista legal y también desde un punto de vista político y por eso tomamos la decisión; como digo creo que fue una decisión valiente y que ahora viene avalada por el Constitucional por lo tanto tranquilidad en las decisiones que ha tomado este gobierno".

Hora 14 Navarra (19/04/2023)

25:00

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También del ámbito educativo, Chivite habla de derogar en el futuro la ley foral aprobada en esta legislatura que permite mantener el salario al profesorado de religión, aunque siga descendiendo la carga lectiva en religión. "Esperemos que esta ley pueda ser en algún momento derogada, desde luego este es el planteamiento que va a llevar el Partido Socialista porque tenemos profesores, profesoras de religión, a los que estamos pagando su sueldo de manera íntegra que no tienen ningún tipo de carga lectiva gracias a un acuerdo entre Navarra Suma y Geroa Bai".

Fue primaria hace dos años, Bachillerato el pasado y toca este mes la renovación de los conciertos de Secundaria, de 1º a 6º de la ESO, situación que se ha vuelto a repetir, eso de firmar que cumplirán. Carlos Gimeno, consejero de Educación, señala que "han manifestado que van a cumplir, han marcado la casilla de la declaración normativa con respecto al cumplimiento de la ley y esa esta cuestión, este procedimiento, todavía tiene otro paso administrativo más, que es digamos, le llamaríamos como fijar el contrato".

El TC enmarca en la libertad del legislador la prohibición de concertar los centros que separan alumnos por sexos

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la Ley de Educación o 'ley Celáa', tal y como recoge una nueva ponencia que enmarca en la libertad del legislador la prohibición de concertar los centros que separan alumnos por sexos. Además, entiende que la norma respeta el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, señalando que en el sistema educativo debe haber "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas".

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha respaldado la ponencia de Ricardo Enríquez, aunque tanto este magistrado como sus otros tres compañeros de la minoría conservadora han anunciado voto particular al considerar que hay determinados preceptos de la 'ley Celáa' que deberían haberse declarado inconstitucionales.

Enríquez propuso en un primer borrador respaldar la 'ley Celáa', excepto los artículos que recogen que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género"; y que las administraciones dispondrán las medidas necesarias "para evitar la segregación del alumnado" con necesidad específica de apoyo educativo.

Sin embargo, la mayoría progresista del TC --de 6 a 4 en este caso, porque el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo se ha abstenido de esta deliberación-- rechazó la primera ponencia en el Pleno del 23 de marzo, al buscar un aval sin fisuras a la norma jurídica. Enríquez aceptó redactar un segundo borrador que recogiera el sentir mayoritario, el que ha sido aceptado este martes.

Partiendo de la amplia libertad de configuración del legislador en el desarrollo de los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza, el Constitucional ha desestimado los reproches del partido de Santiago Abascal contra la regulación de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales conforme al principio de inclusión.

No obstante, pone el acento en el nuevo artículo 74.2 de la Ley de Educación, que ordena atender a "la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo", precisando que "no excluye (...) para caso de discrepancias (..) la audiencia de las familias que muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras".

También ha desaparecido el reproche inicial a la prohibición de concertar la educación diferenciada por sexos. En este sentido, expone que de la Constitución deriva "un modelo educativo pluralista", pero no que "todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas", ni "un derecho subjetivo a la prestación pública".

En concreto, ha examinado si la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada "es contraria a la igualdad o a algunos de los derechos educativos que consagra el artículo 27" de la Carta Magna, concluyendo que no.

"La diferencia de trato que establece el apartado primero de la disposición adicional 25 de Ley de Educación entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales".

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