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El Instituto Navarro de Inversiones estará plenamente operativo en 2023

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles la creación de esta nueva herramienta para ampliar el apoyo al desarrollo económico de la comunidad foral

Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra

Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra

Pamplona

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles en sesión de gobierno la creación del Instituto Navarro de Inversiones (INI) dirigido a proteger, dar seguridad e impulsar al tejido productivo de la comunidad foral. El INI, que estará plenamente operativo en 2023, nace como consecuencia de lo suscrito en sendos acuerdos presupuestarios firmados por el Gobierno de Navarra y EH Bildu, y se configura en base a un modelo de Banco Público de Desarrollo y como un instrumento de transmisión de la política económica del Gobierno de Navarra mediante el apoyo financiero a las políticas estratégicas de desarrollo económico y social definidas en el seno del Gobierno en línea con los objetivos de desarrollo sostenible.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha recordado que “una de las características del INI es su diseño funcional al ser tomadas las decisiones individuales de inversión por un Comité de Inversiones integrado exclusivamente por profesionales independientes sin presencia de representantes del Gobierno. De este modo queda limitado el papel del Consejo de Administración, donde se integrarán representantes del Gobierno, a la definición de los sectores estratégicos macro que deberá priorizar el Comité de Inversiones”. En esa misma línea, Saiz ha recordado que “este diseño permite que las operaciones de financiación se consideren como operaciones financieras, con lo cual no consolidarán a efectos del cómputo de déficit de la Comunidad Foral de Navarra”.

El INI, que quedará integrado en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), amplía el espectro de herramientas económicas de las que dispone el entramado público navarro, aportando competencias en el impulso del diseño de la política económica; aceleración de transformaciones sistémicas; desarrollo de infraestructuras y bienes públicos o movilización de financiación para proyectos que el mercado no financiaría en solitario.

 
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