Reino Unido anuncia recortes en las ayudas sociales para reducir el gasto público

Londres

El Gobierno laborista del Reino Unido ha anunciado este martes un paquete de recortes de las prestaciones por enfermedad o discapacidad, con el objetivo de ahorrar cerca de 5.000 millones de libras (6.000 millones de euros) en los próximos cinco años. El principal propósito del Ejecutivo es devolver el máximo de personas inactivas al mercado laboral y reducir el número de personas que reciben ayudas sociales actualmente, una cifra que se ha disparado tras la pandemia. Parte de estos ahorros se destinarán a programas de formación y a planes para fomentar la búsqueda de empleo.

“El sistema de seguridad social siempre estará disponible para las personas con auténticas necesidades, pero las personas con discapacidades que sí pueden trabajar deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro”, ha dicho la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, en el Parlamento. Para ello, el Gobierno limitará los casos en los que se puede optar a una discapacidad permanente y eliminará el actual sistema de evaluación de las capacidades laborales (WCA) en 2028, un sistema que determina si una persona está incapacitada para trabajar y cuál es el alcance de esa incapacidad.

Aumento de 775 libras a las familias con bajos ingresos

El Gobierno prevé aumentar en 775 libras (921 euros) el llamado Crédito Universal, una ayuda que reciben las familias con bajos ingresos –trabajen o no– destinada al pago de necesidades básicas como alimentos, ropa o la vivienda. A cambio, Kendall ha anunciado que reducirá el complemento por problemas de salud o discapacidad que perciben algunos de los beneficiarios del Crédito Universal a partir del próximo abril, una reducción que no afectará a las personas que ya están recibiendo esta prestación. Además, está previsto que los menores de 22 años no puedan reclamar este complemento.

El Ejecutivo quiere destinar 1.000 millones de libras (1.200 millones de euros) anuales en planes para la reincorporación de miles de personas al mercado laboral. Uno de estos planes es el programa ‘Right to Try’, que permitirá a las personas que actualmente están recibiendo una prestación por discapacidad mantener la ayuda mientras buscan un empleo. “Nuestro plan establece medidas decisivas para arreglar el maltrecho sistema de prestaciones, creando un sistema más proactivo y favorable al trabajo para quienes pueden trabajar. Porque muchas personas enfermas y discapacitadas quieren trabajar, con la ayuda y el apoyo adecuados.”, ha dicho Kendall.

Uno de cada ocho jóvenes no trabaja

El gasto en prestaciones por enfermedad o incapacidad de los trabajadores en edad laboral ha aumentado en 20.000 millones de libras (24.000 millones de euros) desde la pandemia. Una cifra que se prevé que aumente otros 18.000 millones de libras en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 70.000 millones. Según datos del Gobierno, uno de cada ocho jóvenes ni estudia ni trabaja actualmente en el Reino Unido, mientras que el número de personas económicamente inactivas por enfermedades de larga duración asciende a los 2,8 millones, una de las tasas más altas del G7.

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Se estima que cerca de un millón de personas se verán afectadas por los cambios anunciados por el Gobierno, algo que ha hecho sonar las alarmas en las filas de su propio partido. Algunos diputados laboristas han alertado de los riesgos de recortar las ayudas a los más vulnerables y han pedido al Ejecutivo que busque otras formas de financiar el gasto, entre ellas un aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Las principales organizaciones sociales también han criticado con dureza las medidas planteadas este martes.

Pero por ahora el primer ministro, Keir Starmer, parece decidido a seguir adelante con sus planes y a reducir una factura que ha calificado de “insostenible”. El Gobierno necesita desesperadamente reducir el gasto público ante las malas previsiones económicas y ante la necesidad de destinar más dinero a otras partidas, entre ellas el gasto militar. Starmer tiene previsto someter a votación en el Parlamento algunas de las medidas anunciadas por la ministra de Trabajo, algo que evidenciará todavía más las divisiones dentro de su partido y que supondrá un nuevo desafío para su Gobierno en las próximas semanas.