Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, las CCAA que recibirán más menores migrantes desde Canarias; Cataluña, la que menos

Este martes se han establecido los ocho criterios para ponderar la cifra de menores a acoger por cada región, con el cálculo de 4.400 jóvenes a reubicar a 31 de diciembre, 4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta, tal y como está establecido por el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros para ponderar la cifra a acoger por cada región. La distribución fija que Madrid con 806, Andalucía con 795 y Comunidad Valenciana con 478, serían las tres regiones a los que llegarían más niños y niñas, según los nuevos criterios que se establecen en esta reforma de la ley de extranjería. Bajo esos mismos criterios, Cataluña, con 27, sería la región a la que menos menores se enviarían, según los cálculos a 31 de diciembre, seguida de Melilla con 34 (ya que en los últimos meses ha recibido muy pocos menores y aún tiene huecos en su sistema de acogida) y Baleares con 59, porque también ha recibido más menores que nunca al ser una ruta de barcazas al alza desde las costas argelinas. «Hay criterios objetivos y no antojadizos para ese reparto», insiste el Gobierno, «criterios consensuados con las comunidades autónomas desde el año 2022» en las Conferencias Sectoriales de Infancia, pero los porcentajes de esos criterios a la hora de calcular los traslados cambian en el texto llevado este martes al Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso la Cadena SER. Los criterios establecidos ahora suman tres que no existían en los acordados en la conferencia sectorial de infancia del 2022 y que fueron aprobados incluso por las comunidad gobernadas por el PP. Uno es el del «dimensionamiento estructural del sistema de acogida», que contará un 10% para este cálculo, la «insularidad» solo pesará un 2%, como el de «ciudad frontera», que contará también esos dos puntos para calcular los traslados. Varían además los porcentajes del criterio de población, que pasa a contar un 50%, la renta per cápita un 13%, la tasa de paro un 15% y la atención «previa» o esfuerzo previo se queda en un 6%, cuando la propuesta de 2022 lo fijaba en el 45%. Con todos estos criterios y porcentajes actualizados, teniendo en cuenta que Cataluña tiene el mayor sistema estructural de acogida de menores del Estado español, con más del 24% de las plazas de todo el país, más su esfuerzo previo de acogida y criterios como la renta per cápita más baja que Madrid, solo recibiría en esta reubicación de los menores a acoger a 27, es decir el 0,03% de los niños que necesitan ser trasladados desde Canarias y Ceuta. Según esos mismos criterios sumados, Madrid acogería al 18,32% de los niños a reubicar desde esos territorios de la frontera sur, seguido de Andalucía con el 18,8% y Comunidad Valenciana con casi el 11%. Comunidades que tradicionalmente se han mostrado poco dispuesta a la acogida de estos niños, como La Rioja, tendría que acoger ahora a 157 menores llegados desde las islas y Ceuta. Solo Cataluña tiene acogidos en estos momentos a casi 2.300 menores que llegaron solos a España y, sumando los que ya han cumplido 18 años y están recibiendo algún tipo de apoyo en programas de acompañamiento a la vida adulta hasta los 23 años, estaría asistiendo a más de 6.000 jóvenes. Así, con todos estos criterios, y según fuentes gubernamentales, a Cataluña habría que quitarle un 115% a su número de plazas estructurales, porque supera con creces su «capacidad de acogida ordinaria», calculada en base a su población y más factores. Madrid, sin embargo, según estas fuentes, ha reducido sus plazas en los últimos años, supone solo el 10% de las plazas de acogida en toda España y por esos criterios tendrían que aumentar un 75% la capacidad de sus centros de acogida. Estas fuentes oficiales advierten que del traslado previsto de 4.000 menores desde Canarias serán menos de 3.000 «porque los datos han cambiado y mucho de los menores ya han cumplido 18 años». Desde Ceuta ahora mismo los menores a trasladar serían menos de los 400 previstos. Todo esto teniendo en cuenta que a 31 de marzo se van a modificar las tablas por comunidades autónomas y los traslados serán a la baja. Canarias y Ceuta tendrán que entregar además datos de cuantos de esos menores acogidos van a cumplir los 18 años en el plazo de un año, porque es el plazo total que se da en el real decreto para llevar a cabo los traslados. «Se debe saber con claridad, que todos los españoles sepamos cuántos menores no acompañados hay en cada una de las comunidades y ciudades autónomas», ha exigido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, coordinador de la comisión interministerial de inmigración y que lleva desde noviembre del 23 tratando de sacar este acuerdo adelante, de la mano del presidente canario, Fernando Clavijo. Torres ha explicado que una vez se sepa la cifra total de menores en estas circunstancias se calculará su distribución desde las regiones que estén en contingencia migratoria, que queda definida para cuando se multiplique por tres su capacidad ordinaria de acogida y a partir de ahí teniendo en cuenta los criterios que se proponen en el real decreto. La novedad está en este texto en el porcentaje de lo que pesa cada criterio para calcular esos traslados. «Son los mismos criterios para todas las regiones. Estamos diciendo que cualquier comunidad puede tener una contingencia migratoria, en 2028 la tuvo Andalucía que tuvo el 50 por ciento de los menores que había en el país o ahora Baleares. Es decir, estas medidas y criterios son para todas las comunidades, pero hay algunas que no tienen ni el doble ni la capacidad ordinaria, tienen menos menores de lo que sería su capacidad si tenemos en cuenta el criterio de población», ha señalado Torres, sin concretar de qué regiones se trata. Ha insistido además, y así lo dice el texto aprobado por el Consejo de Ministros, que los criterios definidos hoy pueden ser modificados por consenso por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia. De llegarse a ese consenso, esos traslados se harían en el plazo de 15 días desde que ese menor sea inscrito en el registro de menores de esa comunidad ya al triple de su capacidad, un traslado que contaría con la supervisión de la Fiscalía del Menor según el texto del real derecho que ha sido llevado al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso la SER. Un texto prácticamente calcado al que se intentó aprobar en julio del 23 y al que se opuso la propia Junts, además del PP y de Vox.

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Los datos van a variar a la baja cuando las comunidades autónomas entreguen las cifras consolidadas de menores acogidos a 31 de marzo

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