España es uno de los países en los que retrocede la protección de los derechos civiles en Europa

"España no ha reformado su sistema judicial, que mantiene estructuras heredadas de su dictadura". Con esta frase comienza el capítulo dedicado a España del informe anual de Liberties, una ONG que lleva varios años reportando de forma anual el estado de protección de los derechos humanos en las democracias europeas. Si bien nuestro país no es uno de los que están señalados en el documento como causantes de lo que denomina "desmanteladores de la democracia", sí es uno de los que registra un retroceso en la protección de los derechos civiles.

Liberties señala la parálisis del Consejo General del Poder Judicial como el principal elemento preocupante en España. "No se han realizado cambios sustanciales", denuncia, "España no ha tomado medidas para asegurar que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por los jueces como pide la Comisión Europea, y la decisión permanece en manos de los partidos políticos en un sistema poco transparente".

El texto también considera "comunes" los escándalos de corrupción en España, "concentrados en los principales partidos políticos y las más altas instituciones del Estado como evidencia el exilio del rey emérito Juan Carlos I". Habla de un problema "sistémico" en el que "la mayor parte de las contrataciones públicas son privilegio de grandes empresas cercanas al gobierno".

Por último, el apartado dedicado a España recuerda que es un país que quedó marcado por el masivo apoyo ciudadano a las protestas ciudadanas derivadas del 15M. El texto alerta de que "desde la introducción de la llamada Ley Mordaza se han restringido derechos, se han realizado reformas insuficientes y se han mantenido disposiciones regresivas que menoscaban los derechos civiles y la confianza en el poder político".

Regresión en varios países

Liberties alerta este año sobre el retroceso en varios países en los que denuncia que "se ha menoscabado de forma intencionada el imperio de la ley en prácticamente todos sus ámbitos". Sitúa a Italia a la cabeza de esa marcha atrás a la que suma a Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovaquia. Mención aparte merece Hungría, a la que califica ya de "autocracia con sistema electoral".

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En el capítulo dedicado a Italia, los investigadores denuncian que el gobierno de Meloni habilita a su Ministerio de Justicia a influir en el Poder Judicial, denuncia su interferencia en el trabajo de los medios de comunicación públicos y su persecución de periodistas o creadores que, por ejemplo, se posicionen en contra de la extrema derecha.

Francia también está en el punto de mira por coartar la libertad de expresión en las medidas de control previas a la celebración de los Juegos Olímpicos de París, mientras que en el caso de Alemania se denuncia la "respuesta excesiva y desproporcionada" contra manifestaciones a favor del pueblo palestino. Incluso en países modélicos hasta ahora como Suecia, el informe alerta de "las restricciones en el derecho de reunión o en la libertad de expresión", haciendo hincapié en las amenazas crecientes a los periodistas.

El informe de esta ONG analiza varios parámetros que incluyen la independencia judicial, la libertad de prensa, las medidas contra la corrupción, la libertad de expresión de la sociedad civil o la protección de los derechos humanos.