Joaquim Bosch: "No estar en el Cecopi no excluye a Mazón de haber participado en decisiones presuntamente negligentes"

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la DANA, emitió este lunes un auto en el que considera que el 29 de octubre hubo anuncios de la "gravedad" de la situación desde diferentes ámbitos --Aemet, medios de comunicación, llamadas al 112 y de la Confederación Hidrográfica del Júcar-- y con "antelación suficiente", en una circunstancia en la que a la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el "mando único de la emergencia" dirigiendo esos planes de actuación.

Así, en el auto, en el que cita a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, señala que el problema residiría "no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real, al alcance de los responsables, ni si la información venía de órganos dependientes de la administración central (CHJ o AEMT) o autonómica (el 112 Comunitat Valenciana) sino en el hecho de que ante dicha información o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave), no se supieran por dónde discurría el barranco del Poyo, la situación del resto de poblaciones no relacionadas con dicho barranco, o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión".

Así, el magistrado Joaquim Bosch ha pasado por los micrófonos de 'Hora 14' para valorar este auto y lo que implica.

Desde el punto de vista judicial, además de ganar tiempo ante una posible imputación, ¿le compromete tanto ir y declarar ante la jueza?

Una declaración voluntaria en este caso puede llevar a beneficios, pero también a perjuicios. Beneficios porque se están practicando una serie de diligencias que al aforado le podían perjudicar en el futuro si no desvirtúa lo que se está instruyendo. Con su declaración puede también desmontar de alguna manera un aparato indiciario que se va generando en su contra e incluso evitar que se presente una exposición razonable en su contra en un tribunal superior. Pero también le puede perjudicar, porque lo que diga también le puede dañar en el futuro, e incluso de cara a una hipotética condena en el futuro. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. En el ámbito político, la imagen de un president regional declarando siempre suele ser perjudicial.

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¿Por qué no se persona la Generalitat o el propio Mazón? ¿Qué tratan de evitar?

Hasta ahora no había datos para hacer necesaria esa personación. Se estaba recopilando información, reconstruyendo todo lo que ocurrió, pero ahora es cierto que ahora ha habido un salto cualitativo importante, porque ya se cita a declarar a cargos de la administración autonómica y esto anticipa una posible responsabilidad civil subsidiaria al menos de la Generalitat, por lo que me parece previsible que en los próximos días o semanas sí que haya una personación del gobierno valenciano por los perjuicios que le puede acarrear no estar personado en la causa.

Dice Susana Camarero, la número 2 de Mazón, que las imputaciones "están en una fase inicial" y hubo una "evidente falta de información" y "fallos" en las agencias estatales. Una imputación es una imputación, ¿no?

Sí, y es un salto cualitativo importante porque delimita el objeto de la investigación, excluye cualquier responsabilidad penal del Gobierno central e indica lo de la consellera pero por una razón importante, que es la regulación de la ley. Dice que, en una situación de emergencia, el mando único para enviar alertas, avisos y medidas preventivas a la población lo ejerce la persona titular de la Consellería. Pero esto no significa que el president autonómico no pueda ser responsable porque es el superior jerárquico, siempre y cuando se demuestre que participó en esas decisiones. Por eso, no estar en el Cecopi dificulta más la atribución de responsabilidades a Mazón, porque si estaba ahí no puede afirmar que no sabía lo que se estaba decidiendo. Aun así, no estar en el Cecopi tampoco le excluye por completo, porque se puede haber participado en decisiones supuestamente negligentes decidiendo a distancia, por teléfono o por mensajes.