La Fiscalía y los fugados por el procés piden aplicar la ley de amnistía por el delito de malversación

Madrid

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acogido la vista pública por los recursos del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Los tres fugados piden la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación por el que están procesados en rebeldía. Unos recursos que ha apoyado la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El Ministerio Público ha calificado de "artificiosa", la decisión del juez del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la ley del perdón.

Las defensas de los independentistas han expuesto sus argumentos. El más duro ha sido el letrado de Lluis Puig. Jaume Alonso Cuevillas ha dicho que de la lectura de la norma, la amnistía es aplicable desde una interpretación "literal, contextual, histórica, o teleológica". Lo contrario, ha añadido, supondría dictar una resolución “injusta, arbitraria” que obedecería a “razones absurdas e interpretaciones delirantes”. Esto va “contra el sentido común jurídico y vulgar”. En tono gruso ha calificado de “ilógico, arbitrario e injusto" no aplicar la amnistía y que “decir que afecta a fondos europeos es otro solemne dislate”. Por último, ha asegurado al tribunal que se enfrentan a pasar a la historia “como los magistrados recalcitrantes que trataron de torpedear la aplicación de la ley”.

Vox y la financiación ilegal

La acusación popular que ejerce la ultraderecha de Vox ha pedido la ratificación de la decisión de Llarena usando un argumento novedoso en el día en el que hemos conocido la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una investigación por un presunto delito de financiación ilegal al partido de Santiago Abascal. La abogada, Marta Castro, ha explicado que destinar fondos públicos a la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre constituye una forma de "financiación ilegal de los partidos políticos".