Anticorrupción incluye el piso de Jéssica como otro “poderoso indicio” de cohecho contra Ábalos
El juez rechazó ayer levantarle las medidas cautelares aunque podrá firmar en un juzgado de Valencia cuando se encuentre allí
El exministro José Luis Ábalos, tras salir del Tribunal Supremo. / Chema Moya (EFE)
Madrid
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha remitido un informe al Tribunal Supremo en el que incluye el piso de lujo en el centro de Madrid que los socios del comisionista Víctor de Aldama pagaron a la que era su novia, Jessica R., como uno más de los "poderosos indicios" que según razona, tiene del delito de cohecho, y eso que está también investigado por tráfico de influencias y organización criminal.
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El escrito contestaba a la petición de Ábalos de recuperar su pasaporte y flexibilizar las medidas cautelares que se le habían impuesto y que implican la obligación de firmar en el Tribunal Supremo cada 15 días.
Tal como informó la Cadena SER, el magistrado Leopoldo Puente tomó este miércoles la decisión de mantenerle el mismo régimen, eso sí, con la posibilidad de firmar en un juzgado de Valencia porque es el lugar donde reside.
Restricciones proporcionadas
Para la Fiscalía, no había razón para levantar las cautelares porque son "de mínima intensidad" frente a unas imputaciones que constituyen "delitos de indiscutible gravedad", es decir, son restricciones proporcionadas para asegurar "dentro de lo razonablemente posible" que no se vaya a fugar.
"Baste señalar, en lo que se refiere solo al delito de cohecho, que el disfrute por la pareja del entonces ministro de una vivienda pagada por el entorno de Víctor de Aldama, el alquiler con opción de compra de un chalet previamente adquirido al efecto a instancias del referido Víctor de Aldama y hasta la entrega en metálico de importantes cantidades una vez más por Víctor de Aldama a Koldo García, asesor -más bien, “asistente”, en palabras del propio aforado- para su reparto o satisfacción de distintas necesidades de Ábalos constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo", argumenta.
Lo que alegaba el exministro es que siendo diputado y habiendo acudido al tribunal cada vez que ha sido citado se evidenciaba que no había riesgo alguno de fuga que justificase restringir su libertad de movimiento, pero la Fiscalía no lo ve así. "El puntual cumplimiento de las (medidas) ahora acordadas permitirá su mantenimiento y evitará que en el futuro pueda solicitarse, y eventualmente establecerse, un marco de sujeción al procedimiento más restrictivo", dice, en referencia a la prisión provisional.
