PSOE y Junts encajan en su ley dos visiones contrarias sobre inmigración: de la protección y el blindaje de derechos a la amenaza para la lengua y la cohesión
Los de Puigdemont utilizan el acuerdo con el PSOE para tomar posiciones en su pugna con Alianza Catalana por abanderar la lucha contra la inmigración ilegal. Los socialistas defienden que la norma pone en el centro los Derechos Humanos y la inclusión, pero Junts cuela en el preámbulo algunos de los postulados más ideológicos del partido
El secretario general de Junts, Jordi Turull (3i), junto a la vicepresidenta, Miriam Nogueras (3d), y el portavoz Josep Rius (2d), entre otros, durante la reunión de la ejecutiva nacional del partido que preside Carles Puigdemont (en la pantalla. / Enric Fontcuberta (EFE)
Madrid
Nada más hacer público el acuerdo con el PSOE, Junts ha querido fijar el marco en torno al cual quiere que se desarrolle el debate sobre ley registrada en el Congreso. Una norma que permitirá a la Generalitat de Cataluña asumir parte de las competencias que hasta ahora ostentaba únicamente el Estado en materia de inmigración. Los de Puigdemont, sin ningún tipo de responsabilidad de Gobierno en esa comunidad, son conscientes de que en el corto plazo no podrán gestionar nada de lo pactado con los socialistas. Pero en apenas unas horas han dejado claro que su intención no es incrementar la capacidad de autogobierno de Cataluña sino tener una baza con la que marcar perfil propio y defenderse de la amenaza que supone el auge de la formación que lidera la alcaldesa de Ripoll.
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“Sin catalán no hay integración y sin integración no hay papeles” reiteraban este martes los negociadores de Junts encargados de explicar su visión del pacto. Los independentistas dan a entender, que cuando recuperen la Generalitat podrán imponer nuevos requisitos para la concesión de permisos de residencia a los inmigrantes. Y uno de ellos será el aprendizaje del idioma oficial en esa Comunidad. Lo cierto es que la proposición de ley asegura en todos los puntos relacionados con la concesión de permisos o con los trámites de expulsión, que las competencias delegadas a la Comunidad Autónoma se ejercerán en base a la normativa estatal vigente. Y ninguna ley estatal admite que el conocimiento del catalán sea un criterio para este tipo de cuestiones.
El gobierno defiende que con esta concesión a Junts, requisito indispensable para poder empezar a negociar la aprobación de unos futuros Presupuestos, no se está comprando el discurso antiinmigración de una parte de la derecha independentista. Destacan en la Moncloa que la Proposición de Ley pone en el centro los derechos de los inmigrantes, algo que ha defendido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. El Ejecutivo se remite a la exposición de motivos del texto para asegurar que todo el espíritu de la futura normativa va en esa dirección. Lo cierto, es que en ese preámbulo se hacen equilibrios para encajar dos visiones enfrentadas del fenómeno de la inmigración.
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En la exposiciónde motivos se habla por ejemplo de desarrollar un marco de derechos y deberes que debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respetos a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen la sociedad catalana. Ambos partidos apuestan porque la delegación de las competencias suponga un “nuevo contrato social atractivo para estas personas recién llegadas” que debe servir para protegerlas ante la posible vulneración de derechos, pero también para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura. Asume esa parte de la redacción, que la llegada de inmigrantes pone en peligro esas cuestiones. Un argumento que incluye de forma habitual la ultraderecha en sus discursos antiinmigración.
La amenaza que, entienden los partidos, puede suponer el fenómeno migratorio para la supervivencia de la lengua catalana se repite en varias ocasiones en el texto. Un argumento que sirve para justificar la necesidad de aprobar esta ley. “Ante el incremento del carácter poliédrico de la migración, se hace necesario acercar la gestión de dicho fenómeno a las administraciones más cercanas, como es la Generalitat de Cataluña o a las entidades locales”, apunta.
El texto reconoce que la llegada de inmigrantes a nuestro país puede servir, desde un punto de vista meramente económico, para paliar los problemas que genera el envejecimiento de la población, pero a la vez defiende que una gestión irresponsable de esos flujos puede poner en peligro la convivencia y la cohesión social. “La responsabilidad de los gobiernos no consiste solo en atender estas necesidades de manera sostenible, sino también en evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.
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