"Vamos a ver cuáles tienen convicciones y cuáles tienen conveniencias": el último movimiento de Trump obliga a retratarse a varias empresas españolas
La administración estadounidense ha ordenado a sus embajadas exigir a sus proveedores demostrar que no aplican políticas de diversidad e inclusión para pagarles
Las empresas españolas, entre el fuego cruzado de Trump y de las leyes europeas
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La ofensiva de Donald Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) ha llegado a España. La embajada de Estados Unidos en Madrid ha notificado a sus proveedores que, si aplican estas políticas, el gobierno estadounidense dejará de pagarles. La medida, adelantada por El Confidencial, sitúa a las empresas en una encrucijada: cumplir con la legislación española y europea o acatar las órdenes de la administración Trump.
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En España y en la Unión Europea, las políticas DEI no son opcionales, sino una obligación legal. El Ministerio de Trabajo ha recordado a las empresas que están sujetas a esta normativa y que pueden ser sancionadas si las eliminan. Desde el gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, han sido contundentes: "Aquí las leyes de igualdad se cumple".
Valores y conveniencias
La presión de la administración Trump ya ha tenido efectos. Ahora tenemos compañías con dos almas. Deloitte, por ejemplo, ha eliminado de su web en EE.UU. la mención a la diversidad como uno de sus valores fundamentales, aunque sigue presente en su portal de España. Otras compañías globales como McDonald’s o Disney también tendrán que decidir si mantienen sus políticas de inclusión en Europa o si las ajustan para evitar represalias en EE.UU. Va a ser el momento de ver qué empresas tienen valores y cuáles no, cuáles tienen convicciones y cuáles conveniencias.
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El caso plantea un dilema para las multinacionales: seguir defendiendo la diversidad como un valor fundamental o ceder a la presión política. La medida de Trump no solo afecta a España, sino que podría extenderse a otros países con normativas similares, como Francia o Alemania. Si las embajadas estadounidenses en estos territorios replican la misma estrategia, podrían quedar aisladas de proveedores clave, condenándose a una especie de autarquía.
El choque de jurisdicciones es evidente. Mientras EE.UU. busca imponer sus normas más allá de sus fronteras, la Unión Europea defiende la diversidad como un principio esencial. La batalla está abierta, y sus consecuencias podrían ir mucho más allá del ámbito empresarial.
