Consumo abre expediente sancionador a grandes gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas
Se enfrentan a una posible multa de hasta seis veces el beneficio ilícito que pueden haber ganado
Miles de personas manifiestan por las calles de Málaga, Sevilla y Cádiz para pedir soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda digna y protestar por la proliferación de los pisos turísticos en estas ciudades. EFE/ Álvaro Cabrera / Álvaro Cabrera (EFE)
Madrid
Consumo vuelve a mover ficha contra posibles malas prácticas en el alquiler turístico. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha abierto expedientes sancionadores a varias empresas gestoras de pisos turísticos en toda España aunque no concreta cuáles ni tampoco las comunidades en las que operan. La apertura de esos expedientes es el resultado de una investigación iniciada en diciembre a través de la Dirección General de Consumo.
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Estas empresas se anuncian como si fueran particulares, una pareja que alquila un apartamento por ejemplo, aunque realmente gestionan varias decenas o cientos de pisos turísticos por lo que facturan miles de euros. El ministerio de Consumo, tras requerir información a esas empresa y recopilar los datos, ha constatado que estarían ocasionando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", según explica en una nota. También señala que "se ha detectado que estas grandes gestoras, que administran cientos de viviendas turísticas, estarían ofreciendo “información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”, lo que supondría una práctica engañosa susceptible de alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
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La apertura de los expedientes supone iniciar un proceso por infracción grave, según el precepto legal que establece la Ley de Competencia Desleal, "con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo. La Dirección General de Consumo recalca que la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de los mismos".
Es el segundo expediente que Consumo abre a empresas de alquiler turístico. En diciembre lo hizo con Airbnb en aquel caso por mantener en su plataforma miles de pisos turísticos sin licencia y que aún está pendiente de resolución. El ministerio tiene abierta además una investigación a diversas agencias inmobiliarias que "habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o aceptar cláusulas contrarias la normativa".
El ministerio señala que "estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de proteger los derechos de las personas consumidoras y de poner fin a aquellas prácticas que están dificultando el acceso a la vivienda a muchas personas en nuestro país".
