Institutos y colegios públicos claman contra el proyecto de Ayuso de dividir la ESO

Institutos y colegios púbicos de toda España están alarmados ante el proyecto que impulsa la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, para dividir la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y romper con el modelo que actualmente existe en casi el 100% de los centros educativos públicos. El proyecto pretende implantar los dos primeros cursos de la ESO en más de medio centenar de colegios de primaria el curso que viene. Las federaciones que agrupan a estos colegios públicos estatales y a los institutos públicos (FEDADI y FEDEIP) exigen una regulación estatal que aborde este nuevo modelo de enseñanza, que rompe con lo establecido en las ultimas leyes educativas, y piden al Ministerio de Educación que frene ya el plan antes de que el PP exporte el modelo a otras comunidades, que es el deseo que ya ha expresado en público la presidenta madrileña.

El tiempo apremia. La segunda semana de marzo comenzará el periodo de escolarización en la Comunidad de Madrid y el gobierno de Ayuso todavía no ha dado a conocer los detalles técnicos del plan con el que quiere darle la vuelta al sistema educativo tal y como está implantado desde hace décadas. La tensión es máxima entre el profesorado de la región, especialmente entre los equipos directivos de los institutos, ya que no saben todavía cómo se va a afrontar esta iniciativa. De fondo, hay un temor generalizado de que pueda tratarse de un cambio fuera de la legalidad, como explica Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (ADIMAD). Desde el sindicato Comisiones Obreras, Isabel Galvín lo tiene claro: "El gobierno de Madrid se está saltando la norma básica por la vía de los hechos, es una impugnación total al sistema, desde luego pretende convertirse en referente nacional. La dimensión de este proyecto es demasiado grande para que finalmente se quede en algo local". Tanto los directores de instituto madrileños como Comisiones Obreras exigen al ministerio de Educación que mueva ficha ya y que paralice lo antes posible este proyecto para no perjudicar ni al profesorado ni al alumnado y sus familias. El sindicato se lo ha trasladado por carta al propio departamento que dirige Pilar Alegría, sin respuesta aún. Fuentes del ministerio consultadas por la SER aseguran que van a esperar a conocer la regulación del proyecto antes de pronunciarse.

Las alarmas han saltado también fuera de las fronteras de la Comunidad de Madrid. Directores de colegios e institutos públicos del resto del país ya advierten de que este modelo puede reproducirse en otras comunidades, sobre todo en las gobernadas también por el PP, si Ayuso consigue sacarlo adelante. Coinciden, en ambos casos, en que la ley no se puede cambiar de manera unilateral, de la noche a la mañana, y exigen una regulación estatal común para todas las autonomías. "Hay que hacerlo de manera reflexionada, estudiando y, sobre todo, implantando una normativa que organice bien estos centros educativos", explica Jorge Delgado, presidente de FEDEIP (Federación de directivas y directivos de centros públicos de educación infantil y primaria), "un pilotaje en diferentes comunidades con una normativa sería un buen punto de partida para poder implantarla". "Cualquier decisión de esta relevancia como es este caso hay que tener muchos análisis, hay que estudiar ventajas e inconvenientes, y tomar la respuesta mejor", argumenta Toni González, presidente de FEDADI, la Federación que agrupa a asociaciones de directores de institutos públicos de todo el país. En su caso, están en contra del modelo.

Ese es el otro debate de fondo. No solo la legalidad o la regulación. También la pertinencia. Aquí difieren unos y otros. Los directores de instituto están totalmente en contra. "Es una plan que resulta muy atractivo para las familias pero tienen muchos inconvenientes que no se les han explicado", asegura Rosa Rocha, que defiende la preparación pedagógica y el trabajo que llevan años realizando en los centros de secundaria para atender al alumnado de entre 13 y 16 años. Los profesores tampoco comparten las supuestas bondades del proyecto. Aunque, en el caso de FEDADI, la federación que agrupa a los colegios públicos de infantil y primaria, se declaran a favor de dividir la ESO y permitir a los menores de 12 y 13 años continuar su formación durante dos años más en su colegio, antes de cambiar a un centro de secundaria.

Los 52 colegios públicos de infantil y primaria que el curso que viene sumarán también a alumnos de 1º y 2º de ESO ya se han hecho públicos. Son centros educativos, la gran mayoría, de zonas periféricos de la capital donde el desarrollo demográfico no ha estado acompañado por el desarrollo de infraestructuras educativas. Es el caso del CEIP Alfredo di Stéfano, en el barrio de Valdebebas. Allí no hay todavía un instituto público aunque lleva prometido varios años. De hecho este curso, los alumnos de 1º de secundaria que promocionaron en sexto se han tenido que quedar en el di Stéfano ante la falta de instituto público. Las familias del colegio aseguran que hasta hace apenas dos meses no llegaron los barracones en los que estudian ahora mismo. En este caso, no hay elección. El curso que viene todavía no estará finalizado el prometido instituto. Y no hay elección: o los barracones del cole o un centro concertado.

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