El Supremo revisa los recursos contra los registros al fiscal general en la causa abierta por la filtración del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo estudia este martes los recursos que presentaron la Fiscalía y las defensas del Fiscal General y la Fiscal Provincial de Madrid contra los registros de sus despachos en los que se incautaron de sus móviles y dispositivos electrónicos. El Ministerio Público se ha negado a preguntar a los investigados en sus interrogatorios porque considera que la causa se basa en esta diligencia de investigación y que es nula porque no fue proporcional, fue invasiva y no contó con la motivación reforzada necesaria al tratarse de una autoridad del Estado. La cita viene marcada por el último informe de la UCO con el tráfico de llamadas de Álvaro García Ortiz en las fechas en las que se le investiga por la supuesta filtración de la denuncia del novio de Ayuso y del correo del comisionista en el que reconocía sus delitos fiscales y pedía un pacto para evitar el juicio. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, no ha tomado las medidas necesarias para preservar los datos personales de García Ortiz, Dolores Delgado, otras personas relacionadas con la Fiscalía, escoltas y periodistas. Se trata de domicilios particulares, DNI o números de teléfono que han llegado a las partes. Esta situación ha llevado a Interior a revisar el dispositivo de seguridad del Fiscal General del Estado que también ha denunciado esta exposición de datos personales ante el Consejo General del Poder Judicial. La denuncia ya está en la Unidad de Protección de Datos para su tramitación. Su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, ha enviado sendas cartas al presidente en funciones de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Explica que las llamadas que hizo al jefe del Ministerio Público se enmarcan en el despacho de asuntos de la Fiscalía y lamenta la exposición de sus datos personales porque ha recibido llamadas anónimas que le han causado «zozobra, intranquilidad e inseguridad al no haberse adoptado cautela alguna ni las medidas más mínimas de prevención». Una situación que le ha llevado a «pedir el cambio de terminal». El informe de la Guardia Civil con el tráfico de llamadas del Fiscal General del Estado entre el 8 y el 14 de marzo refleja que no hizo llamada a «persona ajena de la Fiscalía» a la que pudiera haber filtrado la supuesta documentación confidencial de Alberto González Amador que se investiga. La UCO también ratifica que no es posible recuperar los mensajes de WhatsApp del investigado. Esto, añade, «se debe fundamentalmente al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones» que se efectuó «en dos ocasiones» el 16 de octubre que fue el día que el Tribunal Supremo abrió la investigación contra García Ortiz. Los agentes también informan de que no se ha podido encontrar información «en la cuenta de Gmail del Fiscal General porque el contenido ha sido eliminado de forma deliberada y no hay datos de copias de seguridad almacenadas». Sin embargo, aquí no descartan que pueda recuperarse el material borrado.

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La sala de lo penal estudia los recursos de la Fiscalía y de la defensa de los encausados en plena polémica por la filtración de datos personales de Álvaro García Ortiz, Dolores Delgado, miembros de las Fuerzas de los Cuerpos de Seguridad del Estado o periodistas

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