El Ayuntamiento de Barcelona compra la casa Orsola: "Se cancelarán todos los desahucios que estaban previstos"

El Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del Tercer Sector Hàbitat3 han llegado a un acuerdo para comprar —por 9,2 millones de euros y a través de una fórmula social colaborativa— la casa Orsola de la capital catalana, convertida en símbolo de la lucha de los inquilinos contra la especulación en el ámbito de la vivienda. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, han explicado los detalles de la operación. «La propiedad ha accedido a vender por un precio de unos 9 millones de euros que supone, en estos momentos, un 30% menos del valor de mercado y la empresa ha aceptado nuestra oferta y, por lo tanto, se anularán todos los desahucios solicitados», apuntaba el alcalde, por lo que «ningún inquilino tendrá que abandonar la casa». Se trata, manifestó Collboni, de una operación «innovadora, extraordinaria» y «pionera» que se llevó a cabo gracias a una «nueva fórmula», que consiste en la compra «social colaborativa»: la Administración compra con una entidad del tercer sector una finca que será gestionada para vivienda social por esta propia entidad. «Vamos a garantizar el derecho a la vivienda y para ello hay que cambiar las reglas del juego con regulación», ha añadido el alcalde. En el edificio vivía, entre otros, un profesor al que iban a desahuciar de su piso en el que llevaba viviendo 22 años. La historia de Josep Torrent representa, de una manera muy gráfica y muy concreta, el problema que tiene este país con la vivienda, especialmente en las grandes ciudades. El desahucio previsto despertó mucha expectación e indignación en la ciudad y provocó amplias protestas en las últimas horas. La presión vecinal ya consiguió que la comitiva judicial se viera obligada a aplazar el desahucio «ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en condiciones de seguridad». En una rápida reacción al anuncio de la compra de la casa Orsola, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado en su cuenta de X que celebra la decisión del alcalde Jaume Collboni, como «resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político». Precisamente, Rodríguez expresó ayer que la paralización del desahucio del profesor de 49 años de Barcelona, Josep Torrent, que podrá seguir viviendo en la Casa Orsola en el que ha sido su piso durante 22 años, es un caso que representa «el mejor ejemplo» de por qué hay que intervenir el mercado. En una intervención en Soria, la ministra aseguró que este caso «se está siguiendo con mucha atención» desde el Gobierno y ejemplifica la casuística que está provocando el problema de la vivienda en España, que «no se circunscribe a la población mas vulnerable» sino que personas con empleos dignos «encuentran dificultades para conseguir una vivienda a precio de mercado». Las dos fincas de la Casa Orsola (el número 137 de la calle Calàbria y el 122 de la calle Consell de Cent) fueron adquiridas en octubre de 2021 por el fondo Lioness Inversiones, que al mes siguiente notificó a los inquilinos que debían abandonar los pisos una vez finalizaran sus contratos. La noticia encendió las alarmas entre la comunidad, que acusa a la nueva propiedad de «echar a inquilinos para crear alquileres de temporada por el triple de precio» y que lleva tres años visibilizando su situación junto con el Sindicato de Inquilinos. «Si en el momento de la compra, en las dos fincas había 27 familias de inquilinos viviendo (entre contratos indefinidos y alquileres de duración habitual), ahora solo hay 18 pisos habitados, cinco de los cuales tenemos procedimientos judiciales abiertos donde se pide nuestro desahucio», aseveró Josep Torrent en una carta emitida el pasado 27 de enero. La presencia de cientos de vecinos el pasado 31 de enero delante de la Casa Orsola hizo que se pospusiera el desalojo de Josep Torrent previsto para ese día hasta la madrugada del martes 4 de febrero, pero una nueva concentración volvió a aplazarlo al 18 de febrero. Durante este paréntesis, el alcalde Collboni dio luz verde al síndic de Greuges de Barcelona para actuar como mediador en las negociaciones para «garantizar el derecho a la vivienda a los inquilinos de la Casa Orsola».

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El edificio se había convertido en símbolo de la lucha vecinal por el derecho a la vivienda

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