Derecho al techo

Barcelona

Hay vías constructivas de asegurar el derecho al techo. La compra de la Casa Orsola por el Ayuntamiento de Barcelona y la fundación sin ánimo de lucro Hábitat 3, que había generado intensas protestas por los desahucios en marcha, es una de ellas. Enmienda un entuerto, acaba con varias expulsiones e incrementa los pisos públicos de alquiler. Aunque no resuelve, claro, el problema de la vivienda con mayúsculas. Pero además, es símbolo de algunas condiciones necesarias para afrontarlo con éxito.

Uno: no todos son iguales. No es lo mismo tener al sector público protegiendo a los vulnerables, como acaba de ocurrir, que echarlos de sus pisos, para entregarlos a los fondos buitre. Es la diferencia entre Jaume Collbony y pongamos por ejemplo, Ana Botella.

Dos: las soluciones a los conflictos se alcanzan mejor con mediación, en este caso entre ayuntamiento, vecinos y propiedad –incluso aunque esta llevase una estrategia especulativa. La negociación no se pudo hacer sentando a todos en la misma mesa, sino a través del método del “confesionario”: el defensor del pueblo local hablando de una en una con todas las partes.

Tres: resolver el problema de la vivienda exige dinero. En este caso, 9 millones, pagados a mitades por el municipio y la fundación. Pero a nivel global, urge mucho más para crear un gran parque público de pisos: no para convertir el Estado en propietario de todo, sino para que condicione el precio del mercado, sin necesidad de muchas prohibiciones o limitaciones.

Y cuatro: es el símbolo de una solución “colaborativa” como dice el alcalde Colbony. Con el sector social. Pero para extenderla, se necesita que exista ese tercer sector social. Como en los países, Austria, Holanda, Dinamarca, más avanzados en este asunto.

Únete al canal de WhatsApp de la SER