Un juez paraliza de forma temporal las renuncias voluntarias de funcionarios a cambio de indemnizaciones de Trump
La oferta, que les daba de margen hasta la medianoche de este jueves para renunciar a sus puestos de trabajo a cambio de indemnizaciones, ha quedado bloqueada hasta el próximo lunes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende el 'National Prayer Breakfast' en Washington este jueves. EFE/EPA/MAANSI SRIVASTAVA / MAANSI SRIVASTAVA (EFE)
Madrid
Un juez federal de Estados Unidos ha paralizado hasta el lunes el plazo brindado por el presidente Donald Trump para que los funcionarios que tenían acuerdos laborables flexibles tras la pandemia pudieran renunciar a su puesto a cambio de una indemnización, a medida que siguen en marcha los procedimientos sobre la legalidad de la medida.
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La Administración Trump anunció a finales de enero que el plazo para decidir si se aceptaba esa indemnización a cambio de renunciar al puesto de trabajo expiraba este mismo jueves. Ahora, según la orden del magistrado, el plazo para tomar esta decisión queda aplazado al menos hasta el lunes, según informaciones recogidas por la cadena de noticias CNN.
Esta decisión judicial se produce después de que la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y otros sindicatos presentaran el martes ante un tribunal de distrito de Massachustetts una demanda en contra de la iniciativa de Trump, denunciando a la Administración por dar un "ultimátun arbitrario, ilegal y de corta duración" a los empleados públicos.
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Al menos 50.000 empleados públicos, que representan en torno a un 2,5 por ciento del funcionariado a nivel federal, se habían apuntado a la oferta de dimisión antes de la fecha límite de este 6 de febrero, según fuentes consultadas por la citada cadena. La Casa Blanca ha reconocido que su objetivo es que renuncien entre un cinco y un diez por ciento de los trabajadores públicos.
Ordena crear un grupo de trabajo contra el "sesgo anticristiano" en el Gobierno
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que contempla la creación de un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia para erradicar lo que en su opinión es el "sesgo anticristiano" dentro del gobierno federal.
La fiscal general, Pam Bondi, estará al frente de ese grupo, que según su orden tendrá como misión revisar las actividades de todos los departamentos y agencias durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) e identificar cualquier política o práctica "anticristiana" contraria al propósito de la actual directiva.
