La fiscal provincial niega haber filtrado el expediente tributario del novio de Ayuso

Madrid

El juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos estrechos colaboradores por un presunto delito de revelación de secretos ha interrogado este jueves a la fiscal provincial de Madrid. Pilar Rodríguez está imputada por haber el elevado al jefe del Ministerio Público el expediente tributario abierto al novio de Ayuso junto con la denuncia que el Ministerio Público interpuso contra él por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Álvaro García Ortiz requirió esa documentación con el objetivo de elaborar una nota de prensa que desmintiera el bulo que filtró la Comunidad de Madrid de que el fiscal había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para cerrar el caso. La verdad era que fue primero el comisionista el que envió un correo en el reconocía sus delitos y pedía un pacto para evitar el juicio.

El fiscal general del Estado niega su participación en la filtración del correo del novio de Ayuso

Rodríguez ha respondido al juez, a la Fiscalía, que no ha formulado preguntas porque ha insistido en que la causa es nula, y a la Abogacía del Estado, pero no a las acusaciones. La investigada ha rechazado haber filtrado los documentos y ha asegurado que elevó el expediente en base a los principios de unidad y jerarquía que rigen en el Ministerio Público. El artículo 25 del Estatuto establece la obligación de los fiscales de dar cuenta a su superior jerárquico de los asuntos que tengan trascendencia mediática. Álvaro García Ortiz, dentro de las funciones que le corresponden, pidió el expediente y ella lo elevó. El propio fiscal general declaró este miércoles que "yo di la orden y los fiscales actuaron por delegación".

Cientos de personas con acceso a los documentos

La investigada también ha explicado el recorrido de esos documentos desde que la defensa de Alberto González Amador envió el correo con la confesión a una cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos y hasta que entró la denuncia en el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla. El expediente tributario y la denuncia pasaron por las manos de 571 personas relacionadas con la Fiscalía y en el caso del correo electrónico fueron 60 las que tuvieron acceso directo al mismo, sin contar con el entorno del comisionista y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que pudieran haber tenido acceso al mismo.