¿Es el caso del fiscal, o del juez?

Barcelona

Un juez del Supremo investiga al fiscal general del Estado. Fuerte, fuerte. Hoy le ha interrogado y quizá un día de estos le procese. Pero esto quizá va camino de convertirse en el caso del juez Hurtado, y no del fiscal García Ortiz. ¿Por qué?

No necesariamente porque el juez Hurtado sea parcial, partidista o sectario, como algunos creen. Y con algunos motivos. Pues el instructor se empeñó reiteradamente en que no se inculpase al Partido Popular por la corrupción de la red Gurtel. Intentó evitar la declaración de Mariano Rajoy. No vio la relación del partido con el caso. Y votó en contra de dictaminar que la formación política se hubiese lucrado con los manejos corrutos de la red: al final perdió frente a sus Un tipo tan puntilloso en favor de algunos acusados, no lo es en favor de todos. Parece que su garantismo sea selectivo. Rechaza que se presenten las pruebas de que distintos periódicos conocían antes que el fiscal el presunto “secreto” según el cual el novio de Ayuso reconocía ser un delincuente contra Hacienda: con lo que el secreto ya no era secreto. Y si no había secreto no había revelación de secreto. La denegación de pruebas es una causa frecuente por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautoriza a los jueces que dictan resoluciones injustas.

Quizá peor. Hurtado ejecuta una instrucción con aire de ser “prospectiva”, tendente a culpar al acusado, de entrada. Porque en su misma situación, la de conocer el famoso correo autoincriminatorio del novio, y la de saber que fiscalía emitiría un comunicado oficial, había bastantes más personas, y no se investiga a nadie más que al fiscal general y a la fiscal jefa de Madrid. No hay pruebas contra ellos. Ni indicios sólidos. Ni una sola pista tangible de que hiciesen algo indebido concreto. Solo sospechas, inferencias, deducciones. Con ese bagaje, solo la Inquisición abría un proceso y condenaba. ¿Volvemos ahí?