El Govern de Cataluña acuerda multas de hasta 900.000 € para los propietarios que no sigan el Índice de Precios de Referencia

El Govern ha acordado con los Comuns poder multar con hasta 900.000 euros a los propietarios que alquilen su piso por un montante más de un 30% superior al fijado en el Índice de Precios de Referencia o a los que sorteen la contención de las rentas con el uso fraudulento del alquiler de temporada.

Así lo han anunciado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, y la diputada Susanna Segovia en una rueda de prensa desde la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, tras cerrar minutos antes este acuerdo con la titular de este departamento, Sílvia Paneque.

El ejecutivo catalán y los Comuns han pactado un "régimen sancionador robusto" que contempla tipificar en la ley de vivienda de 2007 tres nuevas sanciones como "muy graves", es decir, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.

Se trata de los siguientes supuestos: por fijar un precio del alquiler de una determinada vivienda más de un 30 % por encima del marcado por el Índice de Precios de Referencia; por no hacer constar la finalidad del arrendamiento en el contrato, o hacerlo de forma fraudulenta; y por cargar los gastos de gestión del contrato al inquilino, en vez de al propietario.

Otros dos nuevos incumplimientos serán tipificados como "graves", esto es, sancionables con entre 9.001 y 90.000 euros: fijar la renta por encima de los previsto en el Índice de Preciosde Referencia, siempre que este aumento no supere el 30 %; y no hacer constar en el contrato o en la oferta el Índice de Precios de Referencia o el importe del contrato anterior.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Cataluña es la única comunidad autónoma que aplica la ley de contención de rentas, pero no cuenta a día de hoy con un régimen sancionador que garantice su cumplimiento, ha recordado Albiach.

El ejecutivo catalán aprobará mañana martes el decreto ley que modificará, en concreto, el artículo 45 de la ley de vivienda catalana de 2007. La norma entrará en vigor el miércoles, aunque deberá ser posteriormente ratificado, en el plazo máximo de un mes, por el Parlament.

Segovia ha augurado que "no habrá problema" para que el Parlament valide este decreto, pues se ha mostrado confiada en el 'sí' de ERC, y también ha sostenido que estas modificaciones legales están "blindadas a nivel jurídico".

"Era una condición imprescindible que pusimos los Comuns para negociar con el Govern de la Generalitat y hoy podemos decir que lo hemos conseguido", ha celebrado antes de recordar que esta cuestión ya estaba contemplada en el pacto de investidura por el que este grupo votó a favor de la investidura de Salvador Illa.

Ha lamentado, con todo, que el citado régimen sancionador "llega tarde", ya que el límite a los alquileres está en vigor desde marzo del año pasado en Cataluña y desde entonces y hasta ahora "sabemos que se han cometido abusos que han quedado sin consecuencias". Y es que las sanciones pactadas no tendrán carácter retroactivo, lo que significa que podrán aplicarse a nuevos contratos pero no a aquellos ya en vigor.

El pacto incluye también otra vía con la que sancionar a los propietarios que incumplan la ley, en este caso mediante una modificación de la ley del Código de Consumo, tipificando como infracciones "graves" -con multas de hasta 100.000 euros- que portales o empresas inmobiliarias oferten de forma fraudulenta alquileres temporales que, en realidad, son para uso permanente o habitual.

Quienes incumplan la norma podrían ser sancionados tanto a partir de la ley de vivienda como a través de la ley de consumo, ha dicho Albiach, que ha remarcado que los ayuntamientos también tendrán competencias para sancionar y ha afirmado que el objetivo del nuevo régimen sancionador es "disuasorio" y no "recaudatorio".

Los Comuns quieren, además, que la Agència de l'Habitatge de Catalunya incorpore a un centenar de inspectores para que la administración sea "proactiva" a la hora de hacer cumplir la ley y no sea el ciudadano quien tenga que denunciar los incumplimientos de los propietarios. Esto debería incluirse en el decreto ley de suplemento de crédito que este grupo ya negocia con el Govern.