Más de 300 organizaciones sociales europeas denuncian la expulsión de activistas de Serbia

Croacia ha recomendado a sus ciudadanos que extremen las precauciones si viajan a Serbia después de que esta semana Belgrado haya deportado a una decena de activistas de ese país, de Eslovenia, Rumanía, Austria, Albania y Macedonia del Norte que iban a estudiar en el marco de un programa educativo de formación de jóvenes profesionales de ONGs.

Serbia argumenta que estas personas suponían un peligro para su seguridad interna, por lo que los ha echado del país. Todos ellos tendrán prohibido entrar en Serbia durante un año y fueron trasladados en coches de la policía sin identificación después de ser interrogados, según denuncian más de 300 organizaciones sociales de 27 países que han firmado un comunicado conjunto.

Serbia ha prohibido en los últimos meses la entrada a otros activistas croatas y bosnios que han mostrado su respaldo a las protestas que se han venido sucediendo en contra del Gobierno, cercano a Rusia y bajo sospecha de estar involucrado en escándalos de corrupción. En los últimos días, miles de personas, con los estudiantes a la cabeza, han salido de nuevo a la calle, después de que el derrumbe de una marquesina en mal estado en la estación de Novi Sad provocara la muerte de 15 personas.

Rumbo autoritario

La Comisión Europea ha exigido a Serbia que alinee su política exterior con la del resto de la Unión Europea, temiendo que el país, candidato a entrar en la UE, siga haciendo guiños a Rusia por los vínculos históricos, políticos y religiosos que unen a ambos países. Amnistía Internacional denuncia en su último informe anual que hay casos documentados de amenazas a periodistas, aumento de la vigilancia y de la represión de las manifestaciones , así como del uso excesivo de la violencia en las fronteras.

Las organizaciones no gubernamentales que denuncian la expulsión de activistas añaden en su comunicado que "el régimen de Vucic busca de manera obvia un enemigo externo para derivar la atención y evitar asumir la responsabilidad por los problemas con la seguridad y el acceso a los servicios públicos que han generado una oleada de crítica interna por toda Serbia".

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La Unión Europea ha mostrado también su preocupación por las acciones contra activistas, el gobierno croata acusa al serbio de un trato "inapropiado e infundado" contra sus ciudadanos, y el de Albania ha convocado al embajador serbio para expresarle su queja.

El gobierno de Aleksandar Vucic ha negado cualquier tipo de maltrato o de acción contraria a la legislación del país y se remite a su Ley de Extranjería, cuyo artículo 9 habilita a las fuerzas de seguridad a evaluar los potenciales riesgos de la presencia de personas extranjeras en el país y a actuar en consecuencia "para prevenir el crimen y asegurar la seguridad pública".