El Gobierno impulsa una reforma para "democratizar" el acceso a la carrera judicial y garantizar la "pluralidad"
La ley regulará la figura del juez preparador, eliminará parte de las pruebas memorísticas a las que se enfrentan los opositores y blindará por ley un sistema de becas para los aspirantes con menos recursos. El Ejecutivo convocará un concurso extraordinario para consolidar las plazas de los jueces y fiscales sustitutos con el objetivo de atajar la temporalidad
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para “la ampliación y el fortalecimiento de la carreras judicial y fiscal”, el primer intento de reforma de este sistema de oposición desde que se diseñara hace 40 años. El texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, contempla medidas que afectan tanto al proceso selectivo como a la organización orgánica de tribunales y del Ministerio Fiscal. Los cambios afectan también a los procesos de elección de los miembros de las salas de gobierno de los tribunales e incluso a las asociaciones profesionales, a las que se les prohibirá recibir financiación de empresas o entidades privadas. Todo, con el objetivo, según el gobierno, de garantizar la igualdad y la pluralidad de este poder del Estado.
Con el texto presentado este martes, el PSOE impulsa dos reformas relacionadas con la justicia en un solo mes. Hace dos semanas, a través del grupo parlamentario, los socialistas registraron la proposición de ley que modifica la figura de las acusaciones populares y endurece el régimen disciplinario de jueces y fiscales que den opiniones a favor o en contra de partidos políticos. El cambio legal forma parte de un proceso de actualización y modificación del poder judicial con el que, además de mejorar la eficiencia y la apariencia de neutralidad, también se busca corregir el sesgo conservador que el Ejecutivo cree que tiene este poder del Estado.
Becas y mayor transparencia para el juez preparador
La ley pretende blindar el sistema de becas para la preparación del acceso a la carrera judicial, fiscal, abogacía del Estado y cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Los opositores que no lleguen a un determinado nivel de renta podrán optar a un sistema de ayudas similar al que se ofrece en la educación universitaria. La cuantía no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, el tiempo medio que tarda un opositor en lograr la plaza.
El ejecutivo pretende además que el Centro de Estudios Jurídicos, donde se forma a los fiscales una vez que han conseguido su plaza, haga también las veces de centro público de preparación de opositores. Hasta ahora, la mayoría de aspirantes logran esa formación recurriendo a jueces, fiscales o juristas que asumen esa tarea docente. La ley entra también a regular la figura del juez o fiscal preparador, en torno a la que hay bastante opacidad en la actualidad. A partir de su aprobación, los jueces y magistrados que quieran ejercer también de preparadores tendrán que pedir la compatibilidad para impartir charlas y conferencias pero también inscribirse en un registro público de jueces y magistrados.
Cambios en el sistema de oposición
La reforma, diseñada por el Ministerio de Justicia, cambia el sistema de oposición por el cual se accede a la carrera judicial y fiscal eliminando parte de la prueba oral que los aspirantes tienen que superar ante un tribunal en el Supremo. El examen consistirá como hasta ahora en un test eliminatorio sobre la totalidad del temario, habrá una prueba oral que versará sobre derecho constitucional y de la Unión Europea, Civil y Penal y se introduce un tercer ejercicio escrito que consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre derecho civil, penal o procesal. La intención, dice el texto, es valorar la capacidad de redacción y argumentación lógica de los futuros miembros de la judicatura y reducir el método memorístico que caracteriza estas pruebas de acceso. Los exámenes orales se registrarán en vídeo.
El Ejecutivo va a convocar además un proceso de consolidación de empleo para los jueces y fiscales sustitutos mediante un concurso de oposición. La regularización permitirá la entrada en la carrera judicial y fiscal de una parte de los casi mil empleados temporales que existen en la bolsa actual. El gobierno defiende que con esta medida extraordinaria se da respuesta al mandato exigido por la Comisión Europea que en dos ocasiones ha denunciado el abuso de la temporalidad que se da en el sistema español. Los cambios afectarán también al conocido como ‘cuarto turno’, la vía por la que acceden juristas de reconocida competencia con varios años de experiencia. Se crea esta figura en la carrera fiscal, que no existe en la actualidad.
"Mayor pluralidad y transparencia"
El anteproyecto pretende además regular la financiación de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Se excluye la financiación privada como fuente de ingreso para la actividad que desarrollan colectivos como Jueces para la Democracia o la Asociación Profesional de la Magistratura, que además de los recursos públicos, solo podrán sufragar sus gastos con las cuotas de los asociados o los rendimientos de su patrimonio.
La ley amplia además la composición de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial, que pasara de tener cinco a nueve miembros. Los cuatro nuevos serán de procedencia no judicial, expertos en ética que según el texto van a enriquecer desde una perspectiva diferente la pluralidad de planteamientos que emanen de esa comisión que tiene como tarea asesora al órgano de gobierno de los jueces. Esos cuatro miembros serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de ética o filosofía.
La reforma cambia también el sistema de elección de las Salas de Gobierno de los tribunales con la “finalidad de que el resultado se acomode más fielmente a la voluntad de los electores”. La ley reduce de cinco a tres años el mandato de sus miembros para favorecer la rotación, se permitirá el voto telemático y cada miembros podrá votar a un único candidato.
