"Increíble que no se hubiese hecho hasta ahora": Aimar Bretos analiza las medidas de la reforma de la justicia

Madrid

A este Gobierno se le podrá criticar por mil razones, pero cuando hace cosas bien, también habrá que reconocérselo, aunque hacerlo no tenga muy buena prensa. Hoy el Gobierno ha presentado una reforma de la ley del poder judicial que, francamente, está muy bien. Tiene cosas muy interesantes que, si se llegan a aprobar y se aplican bien, puede cambiar para mejor la justicia y el sistema de acceso de los profesionales de la justicia.

Para empezar, el acceso a la carrera judicial o fiscal. La democratización del acceso. Se garantizan por ley las becas para los opositores a jueces o fiscales. Este ha sido históricamente el gran cribado por la vía de los hechos de quién ha podido opositar para juez y quién no. Las familias ricas sí han podido permitirse tener a un hijo cinco años estudiando la oposición y pagándole todo, las familias pobres -obviamente- no se lo han podido permitir. Eso ha introducido tradicionalmente un sesgo de clase en qué tipo de opositores llegaban a jueces. Sesgo de clase, y por qué no decirlo, muchas veces también ideológico. Ahora, por ley, se garantiza que los opositores van a recibir una beca de cuatro años de, por lo menos, la misma cantidad que el salario mínimo interprofesional. Se van a crear centros públicos de preparación de oposiciones.

Y se va a hacer algo... que ya era hora. Se va a crear un registro público de preparadores de oposiciones. ¿Qué se consigue con esto? Acabar con el escandalazo actual, de jueces y magistrados -algunos altísimos magistrados, del Supremo, incluso- que se dedicaban a preparar a opositores en sus ratos libres, y cobrando -muchas veces- en negro. Y dirán ustedes: "no, es imposible, que un señor juez o fisscal esté dando clases a los futuros jueces y fiscales cobrando en negro". Pues esto pasa en España. Lo demostró el periodista Marcos Pinheiro, que de esto sabe un rato. 200 euros al mes, 300 euros al mes si el juez es de los que está en los peldaños altos de los tribunales. Muchas veces, en sobres, sin declarar a Hacienda. No siempre, pero pasa. Bueno, pues para cortar eso, se va a crear un registro público de preparadores. Y los jueces y magistrados en activo que quieran preparar a nuevos jueces y cobrar por ello van a tener que la compatibilidad al Consejo General del Poder Judicial. Y tendrán que aparecer en ese registro. Y tributar por ello ante Hacienda, que somos todos, también sus señorías preparadoras.

Más cosas que cambian. El formato de examen de la oposición. Sin salirse de un sistema que va a seguir siendo profundamente memorístico, por lo menos se introduce una parte escrita, para que los jueces -además de cantar los temas ante el tribunal- tengan que desarrollar y relacionar conceptos, cosa que es increíble que no pasara hasta ahora, sobre todo cuando gran parte del trabajo de los jueces es justificar por escrito sus decisiones sobre las causas que instruyen o sentencian. Y así luego hay que leer algunas sentencias, que no hay por dónde cogerlas, escritas con un lenguaje entre enrevesado, pretencioso, con unos esguinces de sintaxis impresionantes. Debe de seguir habiendo jueces que crean que cuanto menos se les entienda, más elevados parecen.

Otra cosa que cambia con esta reforma, y que no es menor: se va a fomentar la vía de entrada a la judicatura a través del llamado cuarto turno, que es el mecanismo que se creó para que juristas de reconocido prestigio -abogados, catedráticos...- pudieran pasar a ser jueces cumpliendo unas condiciones muy tasadas. Teóricamente, uno de cada cuatro jueces debería venir de ahí. Ahora, se va a garantizar que por cada 300 nuevas plazas que salgan a oposición libre, haya otras 100 de cuarto turno.

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Se va a hacer una regularización exprés de jueces sustitutos, que estaban en una situación de precariedad enorme. Porque les llaman para sustituciones sueltas, y el resto del tiempo, tienen un régimen de incompatibilidades tan brutal, que incluso aunque estén sin trabajar, no pueden hacer nada. Práticamente solo cobrar el paro.

Y así algunos cambios más, como la reforma de las votaciones para elegir de forma más transparente y democrática a los jueces que formen las salas de gobierno. O la prohibición de que empresas privadas pongan pasta para financiar a las asociaciones judiciales. Esto también es muy llamativo que siguiera pasando. Imaginemos que, yo qué sé, una empresa de seguros pone mucho dinero para financiar a una asociación judicial. Y esa empresa de seguros termina yendo a juicio por lo que sea y el juez, oh causalidad, forma parte de la asociación judicial financiada por esa empresa de seguros. Pues eso, convendremos todos en que no es ni ético ni estético. Así que, cuando esta reforma entre en vigor, las asociaciones judiciales tendrán que financiarse con el dinero público que reciben y con las cuotas que paguen sus afiliados. No con dinero que venga de empresas privadas.

Como digo, estos son algunos de los cambios de esta reforma... que todavía tiene camino por delante. Ahora habrá que negociarla y veremos en qué queda. Y seguro que hay cosas que se pueden matizar, enmendar y mejorar. Pero que los cambios que se proponen son sustancialmente positivos, eso parece difícil de negar... salvo desde un corporativismo cegador o desde un 'no a todo' como cimiento de estrategia de oposición.