La Unión Progresista de Fiscales denuncia una "caza de brujas" contra el Fiscal General

La Unión Progresista de Fiscales ha hecho público un comunicado en el que denuncia la «caza de brujas» en la causa abierta contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García, la Fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica, Diego Villafañe, por haber desmentido el bulo fabricado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso en la causa judicial que afecta a su pareja. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, sostiene que lo que el juez del Tribunal Supremo llama «indicios» contra los investigados no es más que el «normal funcionamiento» del Ministerio Público que trabaja bajo los principios de unidad y jerarquía y en la que todos sus miembros tienen obligación de informar de los asuntos de especial trascendencia a sus superiores. «La resolución del día de hoy supone un ataque directo a la Institución del Ministerio Fiscal y a su funcionamiento interno porque la dación de cuenta al Fiscal General de los asuntos trascendentes no es una posibilidad, sino una obligación», dice el texto. Los fiscales progresistas sostienen que ese auto «no supone otra cosa que manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito». Se trata, añaden, de «un ataque frontal, sin precedentes al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho». Ángel Hurtado ha asumido la tesis de las acusaciones con el auto por el que cita como investigados a los tres altos cargos del Ministerio Público. El juez rechaza en un párrafo el testimonio de los periodistas que declararon como testigos, con obligación de decir verdad, que tenían en su poder el correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso antes de que el documento llegara al Fiscal General. Ángel Hurtado considera que sus palabras no aportan datos objetivos y mantiene que la filtración salió del Ministerio Público. En concreto, habla de un plan concertado entre Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe para poner en marcha una dinámica delictiva. Dinámica delictiva que consistió en desmentir el bulo fabricado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso de que la fiscalía le había ofrecido un pacto a su pareja para cerrar la causa abierta contra Alberto González Amador por fraude fiscal. Todo sucedió al revés. Fue el empresario quien reconoció en un correo previo, cuyo contenido desveló la Cadena SER, que había cometido los delitos y pedía un acuerdo para evitar el juicio. El instructor defiende el trabajo de la UCO e incluso va más allá de sus informes y ya da por probado que ese correo que desmontó la patraña salió de la fiscalía con destino a Moncloa para que el documento se colgara en un medio de comunicación y pudiera usarse politicamente contra la presidenta regional.

La Unión Progresista de Fiscales denuncia una "caza de brujas" contra el Fiscal General

La UPF ha hecho público un comunicado en el que sostiene que el auto de imputación del juez Ángel Hurtado llama indicios a lo que es "el normal funcionamiento de la Institución" que trabaja bajo los principios de unidad y jerarquía

Pedro Jiménez

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