El fundador de Glovo alega ante la jueza que cambia el modelo de falsos autónomos para evitar conflictos legales

El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, ha declarado este martes como investigado en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El fundador de la compañía ha defendido ante la jueza que la decisión de regularizar a los falsos autónomos no forma parte de su estrategia de defensa, sino que está orientada a evitar discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo, aunque considera que su modelo actual es legal. Pierre ha declarado durante menos de media hora ante la jueza de Barcelona que investiga la denuncia que la Fiscalía presentó contra él por emplear a falsos autónomos un día después de que Glovo anunciara que cambia de modelo laboral y que contratará a sus repartidores, según fuentes jurídicas. A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el imputado ha insistido en que el cambio de modelo laboral de Glovo es una «coincidencia», y ha justificado que busca la «paz social» y evitarse conflictos con Inspección de Trabajo y con los tribunales, tras las múltiples sanciones por emplear a los riders como falsos autónomos. El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el Ministerio Público, que acusa a la empresa de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la denuncia, el Ministerio Fiscal acusaba a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y pedía citar a Pierre para tomarle declaración como investigado. La declaración de Pierre se produce un día después de que la tecnológica española Glovo haya decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá a la compañía de delivery operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, según la compañía, que explica su decisión como parte de su «firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país». El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación. En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país. En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados. El sindicato CGT anunció este lunes que se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía «con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales». Desde CGT lamentan que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los riders tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía «ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomos». De esta forma, desde CGT critican que los riders quedan desprovistos «de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social», unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta seis años de prisión y hasta doce meses de multa.

El fundador de Glovo alega ante la jueza que cambia el modelo de falsos autónomos para evitar conflictos legales

Óscar Pierre, que ha declarado este martes acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, defiende que la regularización no forma parte de su estrategia de defensa

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