Política

La ley que beneficia a etarras que cumplieron condenas en otros países sigue su tramitación pese al voto contrario del Senado

La senadora del PP Marimar Blanco acusa al Gobierno de introducir la enmienda de "manera cobarde". La norma entrará en vigor en los próximos días, aunque la votación haya sido desfavorable, porque no hubo enmiendas ni vetos al llegar a la cámara alta

La senadora del PP Mari Mar Blanco abraza a la portavoz del grupo Popular Alicia García tras su intervención en el debate de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, en el Senado. / Borja Sanchez-Trillo (EFE)

La senadora del PP Mari Mar Blanco abraza a la portavoz del grupo Popular Alicia García tras su intervención en el debate de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, en el Senado.

Madrid

El Senado ha debatido y votado este lunes la ley sobre antecedentes y resoluciones judiciales de la UE, que reduce la estancia en prisión de los etarras que han cumplido condenas en otros países, principalmente Francia. El Senado ha vetado el texto con 148 en contra frente a 111 a favor y dos abstenciones. El debate ha incluido la discusión y votación del proyecto de esta norma, que entrará en vigor en los próximos días si antes el Gobierno no solicita su retirada.

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Esto será así porque ni PP ni Vox presentaron enmiendas ni plantearon vetos a esta iniciativa al llegar al Senado, lo que supone su aprobación pese a que no tenga una votación favorable. Ambas formaciones han argumentado que sus parlamentarios, tanto en la Cámara Alta como en el Congreso, desconocían que la ley incluía dos enmiendas que benefician a los presos etarras.

Este hecho ha provocado una intensa polémica política durante la última semana, debido a que el Gobierno rechaza retirar el proyecto de ley y acusa a los representantes de no leerse los documentos durante la tramitación. De hecho, este reproche fue lanzado directamente el miércoles por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Intervención de Marimar Blanco

El proyecto de ley fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas, con lo que la votación de este lunes es testimonial y, aunque no cuente con los apoyos de la mayoría de la Cámara Alta, ha sido aprobado. Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, ha intervenido en el debate plenario para mostrar la oposición de su formación a la reforma. "No, y mil veces no, a esta reforma infame", ha dicho.

La senadora, que ha recibido un largo aplauso de su bancada antes y después de intervenir, ha vuelto a pedir perdón porque el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta proposición de ley y no enmendó ni presentó vetos en el Senado, lo que hace que la ley quede aprobada pese al rechazo de la mayoría absoluta de los populares.

Además, ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por no retirar la "infamia" de la ley y por lo que considera una "maniobra oculta y calculada" para colar "de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios". "Lo correcto es que si cometemos un error, lo corregimos. Lo correcto es que si las víctimas nos piden que retiremos unas imágenes, pues sí, las retiramos. En cambio, lo nauseabundo es no retirar un proyecto de ley a pesar de que las víctimas se lo están exigiendo porque claman justicia a gritos", ha espetado.

Vox registró el viernes en el Senado un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa parlamentaria para que, de forma extraordinaria, conceda una habilitación de plazo por circunstancias excepcionales para poder enmendar la reforma de la ley de antecedentes antes del pleno. Propone hacer uso del artículo 135.6 del Reglamento, el cual faculta a la Mesa para acordar modificaciones en los plazos en determinadas circunstancias.

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Si no hay novedades, la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que traspone una directiva europea, será aprobada y posteriormente publicada en el BOE. A partir de ese momento, será cada preso afectado por la norma quien tendría que solicitar a la Audiencia Nacional que vuelva a calcular su salida de prisión, una decisión que puede ser recurrida por la Fiscalía y las víctimas personadas en cada causa.

 
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