El PP mantiene sus ataques al Constitucional y exige que los magistrados "vinculados" al PSOE se abstengan en las sentencias de los ERE
Cuca Gamarra asegura que se ha convertido en un tribunal de casación para anular delitos de corrupción que afectan a miembros del PSOE
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. / JUANJO MARTIN
Madrid
El Partido Popular mantiene sus ataques al Tribunal Constitucional, pese a que este martes el Gobierno le exigía una rectificación. Su secretaria general, Cuca Gamarra, insiste y asegura que se ha convertido en un tribunal de casación para anular delitos de corrupción que afectan a miembros del PSOE.
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La número dos del PP ha reclamado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Diez se abstengan en las sentencias relacionadas con el caso de los ERE en Andalucía por sus vínculos con el PSOE. De hacerlo, las fuerzas entre el bloque progresista y el conservador se igualarían en esta causa, aunque la balanza se inclinaría hacia este último una vez se materialice el nombramiento de José María Macías.
En una entrevista en Telecinco, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el TC ha pasado ser un tribunal de garantías a ejercer como uno "de casación", y ha achacado este "cambio en el funcionamiento" a la etapa que se ha abierto con Conde-Pumpido al frente.
Regla general
Gamarra ha recordado que, "hasta no hace mucho tiempo", la "regla general" en el Tribunal Constitucional era que las sentencias fueran dictadas por unanimidad, mientras que "los votos particulares" eran "la excepción". "Es decir, dentro del tribunal de garantías se buscaba los consensos los acuerdos para que hubiera una línea de actuación unánime y que tuviera gran respaldo", explicó. "En esta última etapa, con Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional", sin embargo, eso "se ha roto" y ahora existe "un bloque de mayoría" y otro "de minoría".
Junto a este "cambio", la número dos del PP ha puesto de relieve la politización de algunos miembros del Constitucional. En primer lugar, de Juan Carlos Campo, que fue exministro de Justicia con Sánchez, y de Laura Díez, que ejerció como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del actual Gobierno.
Y, en segundo lugar, de su presidente, Conde-Pumpido. En su caso, además, Gamarra ha dicho que es "curioso" porque en los procedimientos en el Supremo que afectaron al caso de los ERE "se apartó por haber sido fiscal en esa misma causa". "Y sin embargo en estos recursos de amparo en el Tribunal Constitucional no lo hace", ha lamentado la secretaria general del PP, que pidió a los tres no participar en estas sentencias que suponen "un borrado" del "mayor caso de corrupción en la historia de la democracia".
