PSOE y PP renuevan el Poder Judicial con el sistema actual repartiéndose diez vocales cada uno

Madrid

PSOE y PP han necesitado menos de dos semanas para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial que llevaba en funciones cinco años y medio por la negativa de los populares a renovarlo, para terminar haciéndolo con la ley actual. El acuerdo pasa por la designación de diez vocales por bloque. En el lado conservador, los de Alberto Núñez Feijóo ceden un vocal al PNV, y en el lado progresista, los de Pedro Sánchez ceden dos asientos a los partidos a la izquierda del PSOE. Ambos partidos se comprometen a no dar consignas políticas para la elección del presidente del Poder Judicial.

El acuerdo persigue reforzar la independencia judicial y prestigiar a la carrera. El Fiscal General del Estado no podrá ser nadie que en los cinco años anteriores haya ocupado un cargo de sesignación política. Tampoco podrán convertirse en vocales de juristas de reconocido prestigio quienes hayan estado en la misma situación. Todos aquellos jueces que hayan ocupado cargo público y quieran regresar a la carrera judicial, mantendrán su sueldo, pero no podrán ejercer la función jurisdiccional hasta que no hayan pasado dos años desde su salida. Además, se amplía a 20 años el requisito para convertirse en magistrado del Tribunal Supremo.

De los vocales de procedencia judicial elegidos, cinco son de la conservadora de la APM y tres de la progresista de Jueces y Juezas para la Democracia. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria vuelve a quedarse sin representación, a pesar de ser la segunda en número de asociados. El PSOE ha optado por perfiles de prestigio, mientras que los populares se han decantado por perfiles más alineados con su estrategia política, según vocales salientes del sector conservador consultados por la Cadena SER.

Un centenar de plazas judiciales vacantes

La renovación del órgano de gobierno de los jueces llega cinco años y medio después de que caducara el mandato del actual Consejo, que ha terminado con 15 vocales de los 20 que empezaron y con su segundo presidente en funciones. Carlos Lesmes puso la primera piedra y dimitió para forzar un acuerdo que frustró el PP en el último momento. Después vinieron el 'plan Guilarte', que ha agitado a los dos grandes partidos, y el ultimatúm de Pedro Sánchez, que ha sido definitivo para que el Partido Popular acatara la Constitución.

El nuevo Consejo del Poder Judicial tiene sobre la mesa designar a más de un centenar de cargos judiciales: 94 en la jurisdicción ordinaria y 30 en la jurisdicción militar. Hay 25 plazas vacantes en el Tribunal Supremo, que volvía a instar a la renovación esta semana. Tres de esas vacantes son presidencias de sala y entre esos 25 no figuaran el presidente del Tribunal Supremo, que está en funciones sustituyendo a Lesmes, ni el vicepresidente, que está desierto desde la jubilación de Ángel Juanes. En la Audiencia Nacional hay otra vacante, 38 en los Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos 7 presidencias, y 30 plazas sin cubrir quedan en las Audiencias Provinciales.

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Sólo dos magistrados del Supremo

La lista de vocales del turno judicial que el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, envió al Congreso y Senado en diciembre de 2018 se había quedado desfasada por culpa de fallecimientos, jubilaciones o cambios de trabajo que son incompatibles con el cargo de vocal.

Hasta cinco generaciones de jueces que no pudieron participar en aquella selección se han quedado fuera de las opciones de haber sido vocales por culpa del bloqueo del Partido Popular. De los 50 nombres que figuraban en aquella lista, cinco años y medio después eran elegibles menos de 40. Y de esos 40, sólo quedaban dos magistrados del Tribunal Supremo. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que como mínimo debe haber tres magistrados del alto tribunal. En la lista inicial figuraban cuatro: José Antonio Montero, Ángel Arozamena, Inés Huerta y José María del Riego. Los dos últimos renunciaron como consecuencia de la negativa de los populares a la renovación. PP y PSOE han salvado este escollo eligiendo a un magistrado más de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad. La ley exigía que hubiera un mínimo de tres plazas que reunieran este requisito, pero ahora serán cuatro.