El Gobierno recurre al Constitucional las leyes trans y LGTBI de Madrid para "garantizar derechos en todo el territorio español"

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 en materia de derechos de las personas trans y LGTBI. En concreto, contra las leyes que modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto. Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la normativa de la Comunidad madrileña es “regresiva” eliminando y derogando contenidos de protección de derechos y estableciendo nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio. Redondo ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado. «Tenemos que garantizar que se ejercen los derechos de las personas trans en todo el territorio español», ha dicho. El Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias. También la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición. Además, se va a recurrir la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”. La titular de Igualdad ha subrayado que garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas. El Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito. Redondo ha destacado que la decisión de acudir al Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Una comisión en la que “no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han pedido hoy retirar los carteles que el Ayuntamiento de Madrid ha colocado por las calles de la capital promocionando el Orgullo. Para Redondo, «esa campaña vulgariza y desnaturaliza una fiesta reivindicativa muy potente que lleva muchos años conquistando derechos», mientras López ha indicado que el cartel «es terrible» y solo representa «estereotipos».