Una cuestión jurídica importante

Madrid

El Tribunal Constitucional ha dictado hoy una sentencia muy interesante sobre una cuestión básica. ¿Puede haber delito de prevaricación cuando se prepara un anteproyecto de ley o unos presupuestos? El Supremo dijo en su día que sí. El tema es importante porque trata de la separación de poderes y de si los jueces pueden inmiscuirse en tramitaciones prelegislativas. La Fiscalía puso en duda en su día esa condena por considerar que los proyectos de ley no pueden ser objeto de control jurídico, porque no son resoluciones ni asuntos administrativos, sino actos preparatorios que competen sólo al Parlamento. Es decir, no pueden ser juzgados por su legalidad, sino que en todo caso debería ser el propio Tribunal Constitucional quien decidiera posteriormente que lo aprobado es inconstitucional o no.

El asunto afecta al llamado caso de los ERE en Andalucía, que condenó a numerosas personalidades socialistas, en unos casos por malversación y en otros por prevaricación. No es que ahora el Tribunal Constitucional vaya a anular todas aquellas sentencias, ni que vayan a desaparecer todos esos casos, pero sí de sentar un precedente importante respecto a lo que pueden y no pueden hacer los jueces en relación con las competencias del Poder Legislativo. Para dictar esta sentencia el Tribunal Constitucional se ha dividido en los dos bloques clásicos progresista y conservador. Es una pena porque se trata de una cuestión mucho más importante desde el punto de vista jurídico que político. Pero está visto que ni tan siquiera en estos casos es posible que algunos magistrados pierdan de vista intereses sectarios.