El Gobierno investiga los pisos turísticos sin licencia
El Ministerio de Consumo pone el foco en las principales plataformas de alquiler vacacional y en los grandes arrendadores. En Madrid, más del 90% de las viviendas turísticas operan sin licencia.
Vecinos del centro de Madrid denuncian la existencia de un piso turístico ilegal en su edificio. / Getty Images
Madrid
La proliferación de los pisos turísticos ha contribuido a disparar el precio de los alquileres en las zonas de costa y en muchos barrios de grandes ciudades. La regulación de esta actividad, controlar que se realiza según la ley, es responsabilidad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprovechado que tiene capacidad para sancionar a empresas que operen en varias comunidades para actuar.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto una investigación sobre la publicidad de viviendas turísticas sin licencia que se anuncian en plataformas destinadas al alquiler vacacional. "Desde el Ministerio hemos enviado requerimientos de información a plataformas de alquiler turístico porque hemos tenido la evidencia de que hay datos oficiales de incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico", ha dicho la secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, en declaraciones a los medios.
En un comunicado, el Ministerio explica que operar sin licencia supone una práctica comercial desleal, de acuerdo con la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y podría “generar lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores de forma generalizada”. Además, la publicidad de un piso ilegal se considera publicidad ilícita y Consumo tiene competencias para perseguirla.
Dice el Ministerio que ha comenzado esta investigación porque la información oficial que ofrecen las comunidades autónomas y ayuntamientos revela que un número "significativo" de los pisos turísticos operan ilegalmente. En Madrid, por ejemplo, nueve de cada diez viviendas destinadas al turismo no cuenta con licencia. Según las cifras del consistorio madrileño, solo 1.008 de los 13.502 pisos turísticos que hay en la ciudad tienen autorización municipal.
De momento, Consumo ha pedido información a los alquiladores, poniendo el foco especialmente en los grandes arrendadores y en las principales plataformas de alquiler vacacional. No especifica cuántos requerimientos ha hecho ni a qué empresas, aunque entre las grandes están Airbnb o Booking. Con la información obtenida, el Ministerio decidirá si abre expedientes sancionadores. Las multas pueden llegar a los 100.000 euros, en el caso de las infracciones leves, y hasta seis veces el beneficio obtenido de forma ilegal en las infracciones graves.
Las viviendas turísticas aumentaron un 9,2% en el último año, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística publicados en febrero. Entonces había 351.389 pisos en toda España. Andalucía (con 82.454), Comunitat Valenciana (59.413), Catalunya (52.598) y Canarias (46.784) son las comunidades que concentran un mayor número de viviendas de este tipo.
Carlos Sevilla
Periodista en la sección de Economía, donde cubro la información sobre consumo, energía y el sector...
