El Gobierno retira del pleno la ley del Suelo para evitar otra derrota parlamentaria
Fuentes del Ministerio de Vivienda aclaran que no se trata de un stop sino de una pausa, que se volverá a plantear más adelante, pero que se paraliza ahora para garantizar su tramitación y que no se vea afectada por la situación electoral
Europa Press
Madrid
La reforma de la Ley del Suelo finalmente no se debatirá este jueves en el Congreso, según ha podido saber la SER a través de fuentes parlamentarias del Ejecutivo. El Gobierno ha decidido retirar el pleno a primera hora de la mañana para evitar otra derrota parlamentaria, ya que habían presentado Junts, ERC y Podemos, apoyadas por Sumar, que se sumaban al rechazo que había adelantado este miércoles el PP.
El Gobierno retira la ley del suelo que tenía que votarse esta mañana
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Una hora antes de que arrancara el pleno, a las 8:01 horas de este jueves, el secretario del Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha remitido una carta al Congreso donde anunciaba la retirada de la ley del Suelo de la sesión de hoy. Fuentes del PSOE no ocultan su enfado con el PP pero también con sus socios de Gobierno, ya que esta ley fue aprobada en Consejo de Ministros en 2022. "La petición (de la ley) nace de los ayuntamientos, pero hay quién prefiere meter el dedo en el ojo al PSOE", ha señalado Patxi López, en los pasillos del Congreso este jueves.
Todo apuntaba a que la ley no iba a salir adelante y sería la segunda derrota parlamentaria del Gobierno esta semana, después de que el martes el PSOE se quedara sin apoyos para su ley contra el proxenetismo tras el voto en contra de sus socios y del PP. Desde el Ejecutivo creen que otra derrota podría alimentar el relato de estabilidad del PP a las puertas de la campaña electoral de las europeas.
El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, lamentaba haberse enterado por la prensa de la retirada de la ley del pleno y el diputado de EH-Bildu, Oskar Matute, espera que ahora llegue el debate que no hubo antes.
Una pausa, no un stop
Fuentes del Ministerio de Vivienda aclaran que no se trata de un stop sino de una pausa, que se volverá a plantear más adelante, pero que se paraliza ahora para garantizar su tramitación y que no se vea afectada por la situación electoral. Desde ese ministerio solo señalan al PP, a quien acusa de falta de sentido de Estado, cuando el cambio de posición ha sido de Sumar, un partido que está sentado en el Consejo de Ministros, de donde salió esta ley, un proyecto que se tramitó con la máxima celeridad en cumplimiento de la Agenda 2030.
El PP: "El Gobierno tiene un problema con el Gobierno"
Desde el PP señalan que esto muestra la debilidad extrema del Gobierno y destacan que si no puede sacar adelante leyes básicas como esta, el Ejecutivo no puede ni soñar con sacar adelante los Presupuestos, por lo que cada vez ven más cerca un adelanto electoral. Vuelven a recordar la advertencia que Feijóo ya hizo a Sánchez: "Cuando le fallen sus socios no me busque". El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha señalado que "el Gobierno tiene problemas con el Gobierno, con otros países, con la corrupción".
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha felicitado por haber "parado por tercera vez" la reforma de la Ley del Suelo, que ha vinculado con la "Operación Chamartín", y con que "BBVA y la constructora San José puedan poner a su nombre suelo para seguir especulando con los terrenos de los madrileños". Se ha mostrado convencida de que esta normativa busca "legalizar y blindar urbanizaciones ilegales".
El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, se ha limitado a decir que van a "seguir trabajando para sacar adelante todas las leyes necesarias para cumplir el acuerdo de Gobierno".
¿Qué dice la ley?
La ley tiene tres objetivos fundamentales: por un lado, pretende evitar que los planes de ordenación urbanística municipales decaigan en su totalidad por defectos formales que no sean sustanciales. Que, en caso de fallos menores, no se paralice todo el plan sino parte y que se corrija en un plazo de año y medio. Sumar considera que eso no tiene seguridad jurídica.
La norma también tiene un punto sobre la acción pública urbanística que no se modifica desde 1956 y que plantea quién es legítimo para presentar alegaciones. Por último, la ley explicita un plazo de 4 años para los llamados 'recursos indirectos' y Sumar critica que se acoten los tiempos.
